La Junta de Andalucía podrá saldar "antes de verano" la deuda que arrastra desde hace meses -en algunos casos más de un año- con acreedores y proveedores (pymes, empresas y autónomos). Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado partes, el Gobierno y las comunidades pactaron una serie de medidas para controlar el equilibrio presupuestario de las regiones y para aliviar la deuda de éstas con sus proveedores y acreedores. Se plantearon dos soluciones para inyectar liquidez inmediata a las comunidades: el aplazamiento a diez años de la deuda que contraen con el Estado de los ejercicios 2008 y 2009, permitiéndoles abonar ahora sólo el 50% de lo previsto. Y el adelanto de los anticipos a cuenta, que las regiones no esperaban recibir hasta septiembre.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, salió de la reunión sin saber cuánto dinero supondría ese plan de choque para Andalucía. Fue la delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, quien cuantificó ayer las medidas: la Junta recibirá en breve 230 millones de euros por el adelanto de las liquidaciones y contará con 59 millones más al mes gracias a la prórroga a diez años en la devolución del pago de la deuda con el Estado. Crespo también intentó resolver otra duda a Aguayo: la subida del Impuesto sobre Personas Físicas (IRPF) aprobada por el primer Consejo de Ministros de Rajoy repercutirá en otros 211,7 millones para Andalucía. La consejera había manifestado sus dudas de que la subida del IRPF fuera a traducirse en más ingresos para las arcas autonómicas. Además, Aguayo calculó que las primeras medidas de ahorro aprobadas por Rajoy recortarían el Presupuesto andaluz de 2012 en 1.200 millones, frustrando así las expectativas de crecimiento. Este periódico consultó ayer a la Consejería de Hacienda cuánto dinero llegaría con esas medidas, algo que en ese momento desconocían.
Crespo puso el acento en la ampliación a diez años del pago de la deuda. Lo consideró lo más beneficioso para Andalucía, porque la Junta, dijo, tendría que haber pagado 102 millones al mes hasta alcanzar los 6.110 millones que debía, una cifra que ahora quedará reducida a 43 millones, "dejando otros 59 al mes de disponibilidad". Sobre el adelanto de las liquidaciones, explicó que Andalucía recibirá el 50% de los 460 millones que le corresponden (230) en dos o tres meses (no descartó que se adelantara a febrero). El otro 50% también se adelantará al mes de junio.
A estas medidas se sumará, más adelante, el "beneficio" que procurará el desarrollo de otra de las medidas aprobadas en el Consejo de Política Fiscal: la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la deuda pública.
Sector público. La primera reunión del Gobierno de Rajoy con las comunidades se zanjó en un clima de insólita concordia. Fue más reseñable aún que ambas partes subrayaran que no hubo "puntos de fricción", un hecho significativo, estando las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, se vislumbra ya un primer desencuentro en el horizonte. En el plan de choque que anunció el martes el ministro Cristóbal Montoro está prevista una reforma del sector público, que tratará de adelgazar la administración y eliminar aquellos servicios donde haya duplicidad entre la gestión estatal y autonómica. Aguayo ya adelantó que la Junta ha hecho un "gran esfuerzo" para descargar su administración, "con una reducción en un 48% del número de las empresas", repitió ayer. Admitió que la reforma fue "problemática" y ha conllevado protestas sindicales y de empleados públicos.
Sobre este punto Crespo negó ayer que esa reforma haya supuesto una verdadera dieta para el sector público, más bien una "modificación", dijo. "El cambio de empresa a agencia no constituye una reducción y ahora tienen que hacer un mayor esfuerzo y arrimar el hombro", apuntó. El Estado se ha marcado la reducción de 400 entidades públicas -el Ejecutivo anterior recortó 70- y Crespo considera que la administración andaluza aún es "mastodóntica". "Andalucía tiene muchas entidades adicionales y tendrá que responder por ello", concluyó.
La concordia reina entre los dos Ejecutivos
A pesar de que se esperaba que continuara la confrontación entre Junta y Gobierno a cuenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la resaca de la primera reunión del Ejecutivo de Rajoy con las comunidades solo dejó un clima de concordia. Desde la Junta, tanto el presidente, José Antonio Griñán, como la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, destacaron ayer el consenso logrado. El Gobierno central valoró el “cambio de actitud” operado por el regional.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, mostró su “alegría” ante el “cambio de actitud” de la Junta tras la celebración del CPFF y le instó a que “arrime el hombro” y realice un “esfuerzo mucho mayor” en cuanto al adelgazamiento del sector público.
Griñán aseguró que “se nota” que el presidente del PP-A, Javier Arenas, no está en el Gobierno de la Nación, tras el ambiente “positivo” e institucional que se vivió en la cita en Madrid. Apuntó que todas las comunidades dijeron sí a la estabilidad presupuestaria y a la consolidación fiscal y a la necesidad de hacer el esfuerzo de conseguir los objetivos y, por lo tanto, se logró “un gran consenso, que es importantísimo”. Agregó que, a partir de ahí, podrá haber discrepancias sobre algún punto u otro de la ley de Estabilidad, y destacó que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tuvo la “habilidad” de decir que esa ley se va a hacer en consenso y diálogo con las comunidades.
Martínez Aguayo, por su parte, consideró “muy razonables” los planteamientos expresados por Montoro e insistió en que “son muy positivos”. “Ha hecho uso de una responsabilidad grande, pues el problema que tenemos todas las comunidades es que los mercados financieros tienen muchas reticencias para hacernos llegar liquidez”, dijo. Reiteró su compromiso “fuera de toda duda” con la estabilidad presupuestaria “que desde 2003 hemos venido cumpliendo siempre”, y volvió a pedir un objetivo de déficit “diferenciado para cada comunidad”. “No puede ser igual para todas”, ya que “existe una situación diferencial de cada comunidad”, apostilló.
