El Gobierno andaluz aprobó ayer un nuevo decreto destinado a ahorrar trámites administrativos a las empresas y que quiere atraer inversiones de peso en un momento de debilidad económica.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, explicó que una vez que la nueva legislación entre en vigor el Gobierno, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podrá declarar de "interés estratégico" un determinado proyecto, lo que supondrá una tramitación preferente y una reducción a la mitad de los plazos administrativos.
Además estos proyectos podrán disfrutar de ventajas como no tener que estar sujetos al planeamiento urbanístico, es decir podría cambiarse el uso de un suelo para permitir por ejemplo una industria.
No podrán tener esta acreditación las inversiones residenciales y los proyectos deberán tener un alto impacto económico y en el empleo y cumplir con la sostenibilidad o la innovación tecnológica, explicó el consejero de Economía. Un segundo bloque de medidas dentro de este decreto se dirige a las pequeñas y medianas empresas.
La simplificación administrativa en este caso permitirá la puesta en marcha de una pyme sin tener la autorización administrativa sino simplemente con una declaración jurada de la empresa de que cumple los requisitos. Exactamente igual ocurrirá con los emprendedores. El control de la administración se hará a posteriori.
El decreto fija un plazo de seis meses al Consejo de Gobierno para hacer efectivas estas medidas de agilización administrativa. Además la Junta aprobará en el próximo semestre, avanzó Ávila, un nuevo plan de reducción de cargas administrativas a las empresas andaluzas.
"Este nuevo decreto pretende que 2011 sea un año hábil para la recuperación económica en Andalucía y queremos contribuir a ello", recalcó el consejero.
El Gobierno aprobó además destinar 27,4 millones a infraestructuras e impulso de la actividad científica en las universidades de Sevilla, Granada y Córdoba, así como en los campus de Linares (Jaén) y Algeciras (Cádiz).
El Gobierno andaluz despidió el año con un "denso" orden del día que incluyó también medidas destinadas al alivio de las arcas públicas de los ayuntamientos andaluces. La Junta permitirá anticipos de la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma (la llamada PICA), exactamente igual que ahora mismo ocurre con la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE). En concreto de dispondrán 100 millones de euros para estos anticipos de los 420 contemplados por esta vía.
