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El Gobierno alaba su gestión del 'Alakrana' y rechaza toda crítica

De la Vega anuncia que el Ejecutivo desarrollará un protocolo para actuar en este tipo de crisis sin aplicar prácticas que se han demostrado ineficaces.

el 25 nov 2009 / 21:23 h.

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Pese al aluvión de críticas que, una semana más, le está lloviendo al Gobierno por la gestión del secuestro del Alakrana, el Ejecutivo defendió ayer su gestión en el Congreso como "impecable" y prometió, no obstante, que activará un protocolo para la gestión de crisis similares. El plan será sometido en los próximos días al estudio de los grupos parlamentarios, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno.

María Teresa Fernández de la Vega explicó que este protocolo servirá para institucionalizar y salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces, tanto desde el punto de vista de la gestión como sobre todo de la comunicación con las instituciones, entidades o particulares implicados en el incidente. La vicepresidenta recordó que España también ha planteado a la UE que dentro de su política de seguridad se incluya una misión de entrenamiento de 2.000 soldados para el Ejército somalí.

Y, también en el ámbito internacional y entre otras medidas, el Gobierno apoyará la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de la piratería y su tipificación internacional.

Estaban en el barco. Lejos de toda autocrítica, De la Vega dijo que la gestión del Ejecutivo ha sido "impecable" y que "en todo momento" supo dónde y cómo se encontraba la tripulación, en relación a las sospechas de que varios pescadores bajaron del barco y volvieron a subir y frente a las acusaciones de improvisación y descoordinación de la oposición.

El propio patrón del pesquero, Ricardo Blach, declaró ayer mismo que sabía "al 90%" que los tres marineros que fueron supuestamente desembarcados permanecieron en el buque pero que ocultó esta información para salvar sus vidas.

Volviendo a la lucha política, De la Vega acusó al PP de una "irresponsabilidad absoluta" por sus críticas, que "no beneficiaron ni a la tripulación, ni a quienes trabajaban para la liberación". Mientras, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al Gobierno que asuma su responsabilidad para evitar en el futuro otro "bochorno nacional". Censuró la falta de previsión y llegó a acusar a De la Vega de ser "capaz de invocar la mentira como razón de Estado". También le advirtió de que "pagar un rescate y legalidad son expresiones irreconciliables" y de que el Ejecutivo tiene "muchos prejuicios sobre lo que supone el uso legal y proporcionado de la fuerza".

La ministra de Defensa, Carme Chacón, desmintió por su parte la información de El Mundo que apunta a un pago de un millón de dólares por parte del CNI para liberar a los marineros que salieron del barco. Chacón añadió que la Armada hizo "lo máximo dentro de la ley" para detener a los últimos piratas.

Mientras, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldó las explicaciones de sus ministros y contestó que "al CNI no se le tima así como así" al ser preguntado por el millón de dólares. Pero las reacciones ayer sobre el tema no sólo fueron políticas. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, admitió que la nota en la que responsabilizó al Gobierno del traslado a España de los dos piratas detenidos pudo contribuir a "elevar el tono de la polémica" y que debió haberlo previsto.

A día de hoy, más de 200 tripulantes permanecen secuestrados en los 12 barcos procedentes de ocho países que retienen los piratas del Índico. El secuestro más largo -siete meses- es el del pesquero chino Wynfar 161.

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