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El gobierno alerta de que hay 52 millones en facturas sin abonar

El PP difunde que la Intervención tiene aún pendientes de revisar 37,1 millones en recibos

el 29 ago 2011 / 18:55 h.

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Pese a que sólo en el último Pleno del anterior mandato se autorizaron pagos de facturas pendientes a proveedores municipales por un importe superior a los siete millones de euros, las deudas acumuladas con distintas empresas durante los últimos ejercicios no quedaron ni mucho menos saldadas antes del traspaso de poderes. El Consistorio, que en la liquidación de 2010 obtuvo su balance negativo más alto -los gastos rebasaron en 50 millones a los ingresos- tiene, según los datos difundidos ayer por el gobierno local, 15,2 millones en facturas ya aprobadas por Intervención para ser abonadas por el mecanismo del reconocimiento de crédito -una vía destinada a pagar servicios no previstos y no presupuestados una vez acreditada su realización- y otros 37 millones en recibos presentados por empresas que aún no han podido ser ni siquiera comprobados. En total, unos 52 millones de euros que el Ayuntamiento debe abonar.

Ya en abril de 2011, el interventor lanzó una advertencia al gobierno local. Estimó entonces, en un informe elaborado a raíz de una modificación presupuestaria, que podía haber más de diez millones de euros en facturas sin contabilizar en el Consistorio . A éstas se añadieron luego servicios, como los prestados por Emasesa a otras delegaciones municipales, incorporados a la contabilidad municipal incluso después de las elecciones. Es el caso de servicios como el sistema Secora de la Policía Local o incluso los recibos del agua de las distintas dependencias municipales.

Una vez asentado el nuevo gobierno y tras recibir en el traspaso de poderes información sobre la situación económica del Consistorio, el Ayuntamiento encargó a Intervención un análisis detallado de los pagos pendientes. El resultado difundido ayer por fuentes municipales revela que existen 15, 2 millones en reconocimientos extrajudiciales de crédito que serán saldados en las próximas semanas una vez comprobado que los trabajos contratados se han realizado conforme a lo previsto. Pero a esta cifra hay que añadir otra de solución más compleja: los 37,1 millones de euros en facturas aún no revisadas por la Intervención y que han sido reclamadas por proveedores.

Las deudas acumuladas por parte del Consistorio con las empresas suponen un nuevo lastre para unas arcas municipales en una situación delicada desde que en 2009 se inició la tramitación del plan de saneamiento supervisado por la Junta de Andalucía al cerrar el Ayuntamiento el ejercicio con un balance negativo. Los 30 millones de saldo desfavorable se están recuperando progresivamente, al igual que la deuda pendiente con la Administración central por el desajuste en los anticipos a cuenta transferidos al Consistorio.

A partir de este año se deberá encontrar una fórmula similar para saldar los 50 millones con los que se cerró el ejercicio de 2010 no previstos en el plan de saneamiento aprobado por la Junta de Andalucía. Precisamente, el interventor, en el citado informe difundido en el pleno del pasado mes de abril, ya advertía de esta situación y reprochaba la actuación del gobierno al no emplear remanentes de ejercicios anteriores en saldar deudas antiguas y aprovecharlos para contraer nuevos gastos.

La delicada situación económica del Consistorio es uno de los ejes del discurso de Juan Ignacio Zoido desde su llegada a la Alcaldía. El regidor ha calificado ya de "ruinosa" la economía municipal y ha llegado a anunciar acciones judiciales. Para el PSOE, sin embargo, el análisis de las arcas locales del PP pasa por ser una justificación para no cumplir los compromisos electorales adquiridos en la campaña.

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