"El inicio del inicio" de los ajustes que tendrá que acometer el Gobierno de Mariano Rajoy afectó ya, en la primera tacada, de lleno a Andalucía. Con un golpe económico -contra las inversiones de la comunidad- y otro político, que puede tener repercusión directa en las autonómicas de marzo y tumbaría, como pedía Javier Arenas, la incompatibilidad de los alcaldes para ser diputados en el Parlamento.
Entre las medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo con carácter urgente y que suponen un recorte de 8.900 millones de euros, figuró hasta cerca de las ocho de la tarde una misteriosa disposición: "Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Illes Balears y Cataluña". El Gobierno andaluz dijo no tener noticias previas y el PP andaluz remitió al Ejecutivo central, asegurando que se aclararía. La aclaración vino en forma de rectificación. La medida, que figuraba justo detrás de la supresión de la ayuda a vivienda para jóvenes, desapareció de la referencia oficial colgada en la web de La Moncloa. En paralelo el departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, envió un comunicado: "No se ha modificado la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de ninguna Comunidad Autónoma".
El embrollo político llevó a comunidades como Baleares (del PP) a cifrar oficialmente la pérdida de recursos en 400 millones de euros. Castilla y León aseguró que ya con Zapatero no se cumplía. En todo caso da una idea de la tensión política con la que se vive cualquier decisión que afecte a Andalucía, donde se celebran elecciones en marzo. De hecho, se baraja que los recortes más duros del Gobierno se van a hacer esperar hasta después de esa cita con las urnas.
El Estatuto de Andalucía contiene una Disposición Adicional Tercera -apoyada y votada por el PP- referida a las inversiones del Estado en la comunidad y que fija que la cantidad asignada debe corresponderse con el peso de su población en el conjunto del país (17,8%). Así viene ocurriendo desde los Presupuestos Generales del Estado de 2008. Otros estatutos como el de Cataluña -que exige inversiones según su peso en el PIB-, el de Baleares -que alega un déficit histórico y esgrime su insularidad como un hecho diferencial- o el castellanoleonés, también blindan sus inversiones. La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló su preocupación por esta medida política y recordó el efecto que puede tener sobre la deuda de 1.500 millones de euros que el Estado tiene reconocida, pero pendiente de pago, a Andalucía por inversiones programas y no ejecutadas. La Junta también rechazó de plano el freno a la ley de dependencia.
Otras de las decisiones adoptadas en ese Consejo de Ministros afecta de lleno a la política autonómica, aunque en esta ocasión con carácter político.
Alcaldes. El Ministerio de Montoro -diputado del PP por Sevilla- pidió el informe previo para recurrir la ley del Parlamento andaluz, aprobada en noviembre, y que impide a los alcaldes ser diputados. En el momento en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso la norma andaluza dejará de ser efectiva, lo que permitiría sin más problema al partido de Javier Arenas incluir a su principal reclamo electoral, sus alcaldes, en las listas de las autonómicas de marzo.
Este veto a los regidores fue aprobado, a iniciativa del PSOE, en la Cámara autonómica dentro de un paquete que se llamó de calidad democrática. Se retiraron las cesantías a los expresidentes de la Junta, se obliga a los altos cargos y diputados a hacer pública su declaración de la renta o se impone el llamado escaño 110, que acerca a los ciudadanos las iniciativas parlamentarias.
Pero el foco estuvo puesto en la reforma de la Ley Electoral andaluza a cuatro meses de las elecciones. El PP andaluz cuenta con 17 alcaldes en la Cámara, la mayoría con abultadas mayorías absolutas en su currículum (Sevilla, Huelva, Córdoba, jaén, Marbella o Fuengirola), y en ellos y en su tirón popular, se ha apoyado Arenas en los últimos años de oposición. Nunca ha ocultado que sus alcaldes son quienes le han brindado la llave para entrar en San Telmo. Esta incompatibilidad ya se da en Galicia desde 1994 y nunca ha sido recurrido.
