Nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Junta. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pedido al de José Antonio Griñán que paralice la subasta de fármacos para sentarse a negociar una medida que, a su juicio, podría invadir las competencias estatales. En caso de no hacerlo, amaga con recurrir al Tribunal Constitucional. La Junta se niega a dar marcha atrás a una fórmula de ahorro que cuenta con el rechazo de los farmacéuticos y los laboratorios. Tildó de "chantaje" el toque de atención del Ejecutivo y se mostró convencida de que otras comunidades seguirán el "ejemplo" de Andalucía.
El Ministerio de Sanidad ha mandado una carta a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la que plantea "dudas específicas" en cuanto al orden constitucional del decreto-ley sobre el concurso público de fármacos. Se trata de una medida pionera que el Parlamento andaluz aprobó en diciembre y que consiste en adjudicar por concurso a los laboratorios los genéricos que deberán dispensarse en las farmacias y que prescriben los médicos de atención primaria. Normalmente cada genérico lo comercializan varios laboratorios. Cuando se realice la primera subasta -estaba prevista para enero pero aún no se ha producido- los farmacéuticos no podrán darle al paciente el medicamento que quieran, sino el que haya ganado el concurso público del SAS, que se resolverá por dos años. Se empezará con tres de los medicamentos más consumidos: los protectores gástricos, las estatinas -utilizadas para reducir el colesterol- y los inhibidores de la agregación plaquetaria, para prevenir coágulos y reducir el riesgo de infarto e ictus.
Es una medida polémica porque está en el límite de las competencias de la comunidad, ya que solo el Estado puede intervenir en el precio de los medicamentos. La Junta alega que no toca los precios, entonces ¿de dónde proviene el ahorro? El fabricante que gana el concurso se compromete con el SAS a una serie de contraprestaciones, que pueden ser, por ejemplo, la compra de tecnología para los hospitales. La Consejería de Salud prevé ahorrar hasta 200 millones al año. La factura farmacéutica copa el 22% del gasto sanitario de la Junta, uno 2.500 millones.
El ministerio que dirige Ana Mato insistió ayer en la necesidad de "abrir una puerta al diálogo" con el Gobierno andaluz, pero lamentó que "ha sido la Junta la que, en un principio, no ha dado la oportunidad de ese diálogo porque ese decreto-ley se hizo sin el preceptivo aviso y el ministerio se enteró a través de la publicación en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas".
críticas. La patronal farmacéutica aplaudió ayer la actuación del Gobierno contra la subasta de medicamentos porque, según CEOFA, "se salta a la torera varios artículos constitucionales". Desde la Junta arremetieron con dureza contra el Ejecutivo de Rajoy y le recordaron que Andalucía lidera las medidas de ahorro farmacéutico -en 2001 fue pionera en la prescripción de genéricos-. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, calificó de "error" la intención de recurrir al Constitucional e instó al Gobierno a "implantar" el modelo sanitario andaluz "en toda España" por su "eficiencia y su mucha calidad" en lugar de impugnarlo.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, dejó claro que habrá subasta de medicamentos porque la Junta no se someterá a "chantajes" del Ejecutivo. Mar Moreno aseguró que "Andalucía vuelve a ser ejemplo y no tardarán muchas comunidades en seguir el camino". Desde el PSOE andaluz, la secretaria de Organización, Susana Díaz, consideró un "nuevo ataque" de la derecha a Andalucía en el posible recurso del Gobierno.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, negó que exista una "actitud amenazante" por parte del Gobierno central y confió en el diálogo entre ambas instituciones. "Lo que se ha hecho es una carta previa de invitación al diálogo, como sucede siempre cuando hay una discrepancia entre dos administraciones públicas", señaló. Arenas recordó que hay una decisión por parte de la Junta "que desde el principio fue controvertida", y dijo haber visto informes jurídicos "muy diversos".
