El importante tijeretazo de plantilla anunciado la pasada semana por Telefónica no ha dejado impasible ni a la opinión pública ni al Gobierno. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que esta compañía podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Ejecutivo para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso. En declaraciones a RNE, Gómez confirmó que Telefónica reúne las características que el Ejecutivo está perfilando para determinar qué tipo de empresas se verían obligadas a asumir el coste de las prejubilaciones que actualmente cubre el sistema.
Así, la compañía presidida por César Alierta tendría que costear el gasto en prestaciones de parte del 20% de la plantilla en España, que prevé recortar en un periodo de tres años.
Según dijo el ministro de Trabajo, la idea es que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con consumo de prestaciones por desempleo, "contribuya a que el gasto [para las arcas públicas] disminuya pagando ella misma la prestación", a lo que añadió que "Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones".
Según dijo, el Gobierno tiene la opción de introducir esta enmienda en el decreto de reforma de las políticas activas o en el proyecto de Ley de reforma de las pensiones que ya está tramitándose en el Congreso, con lo que hay instrumentos para que el cambio legal "no tarde demasiado" en entrar en vigor.
Por otro lado, mientras el ministro de Fomento, José Blanco, quiso desvincular en la mañana de ayer el encarecimiento de las prejubilaciones del plan de Telefónica, Gómez no dudó en señalar que el Gobierno "no está de acuerdo" con los planes de la compañía "por dos razones".
En primer lugar, porque se hace coincidiendo con un plan de bonus para sus directivos "multimillonarios", algo que consideró impropio de una empresa "socialmente responsable". Además, el titular de Trabajo criticó que los trabajadores afectados por el plan "no van a tener una búsqueda activa de empleo".
Asimismo, el titular de Trabajo replicó al coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, quien ayer pidió explicaciones al Gobierno por el caso de Telefónica, que la compañía ya aplicó un plan de recortes de empleo en 2002 y que entonces "nadie pidió explicaciones al PP". En cualquier caso, se felicitó de que el partido presidido por Mariano Rajoy se haya mostrado a favor de este cambio legislativo. "Me alegra mucho que el PP esté dispuesto a apoyar al Gobierno", señaló.
En este contexto, Montoro consideró "paradójico" que se permitan prejubilaciones justo cuando hay un proyecto de ley para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, por lo que se mostró dispuesto a estudiar un cambio legal para limitarlas "si es necesario". "Esa contradicción debería quedar resuelta", remarcó.
En declaraciones en el Congreso, Montoro insistió en que esta política, a la que se podrían acoger grandes empresas como Telefónica, no fue impulsada por el PP, y sostuvo que es el Gobierno quien debe dar explicaciones.
En este sentido, subrayó que España debe ser un país "coherente" y que los empleados de las grandes empresas tienen que remar "en la misma dirección" que el resto de trabajadores y los autónomos.
También reacciónó al anuncio el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien aseguró que lo expuesto por el ministro de Trabajo al anunciar que la administración pública no financiará prejubilaciones en empresas con beneficios "no es nada nuevo", dado que ya figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por ello, Llamazares insistió en que no basta con sólo esta medida.
