En el primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre, el Gobierno decidía aumentar de 35 a 37,5 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios, entre otras medidas como la congelación salarial y de plantilla, salvo en los servicios básicos.
Desde el pasado 1 de marzo los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid prolongan cada día su jornada laboral media hora más manteniendo la retribución y han reducido a un máximo de seis los días de asuntos propios de los que disponen. Son las nuevas condiciones de trabajo que se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año y con posibilidad de prorrogarse.
En Castilla-La Mancha entró en vigor el 14 de este mes la modificación del horario laboral, también ampliado hasta las 37,5 horas semanales, para sus trabajadores públicos. Y en Murcia se aprobó la misma iniciativa, que también empieza a hacerse efectiva este mismo mes y que los sindicatos calculan que conllevará la destrucción de entre 1.500 y 1.700 puestos de trabajo en esta región. Y a ellas se suman Galicia y Castilla y León.
Pues lo que ya aplican estos gobiernos regionales se hará extensible al conjunto de los trabajadores públicos de todas las administraciones, con lo que acaba con las 35 horas semanales implantadas hasta ahora y que no afectaba a los trabajadores públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro pretende incluir esta medida en la Ley de Presupuestos, que se presentará el próximo día 30, con el fin de fomentar el ahorro también en comunidades autónomas y ayuntamientos, según avanzó ayer El Mundo en su edición digital. "Se extenderá la jornada laboral de 37 horas y media a todos los empleados públicos sin la menor duda", aseveró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que subrayó que fue la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la que ha pedido formalmente que se tome la iniciativa, que ahorrará costes de personal.
Beteta aludía a los efectos que tendrá sobre colectivos "como la policía municipal, donde al tener que trabajar horas adicionales, supondrá un ahorro en gratificaciones y horas extraordinarias". Y es ése el principal objetivo, reducir drásticamente el pago de horas extra.
Pero el cálculo que hacen las organizaciones sindicales es bien distinto. Hablan de ahorro, pero no de costes sino en personal.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, advirtió de que la subida de la jornada a 37,5 horas en las administraciones andaluzas "significará la pérdida de 80.000 puestos de trabajo solo en Andalucía". Pastrana, que intervino en una reunión informativa sobre la huelga general en la Diputación de Sevilla, apuntó que la reforma laboral "la van a pagar los laborales, los interinos, los contratados y la ciudadanía al completo", al considerar que "retirar volumen de empleo público significa menos servicios y de menor calidad".
El dirigente sindical consideró que los trabajadores públicos "tienen que tomar conciencia de que, por primera vez, se ven afectados por una reforma laboral hasta el extremo del despido".
"Ayer (el martes) el Gobierno recomendaba a las administraciones usar la reforma laboral para despedir empleados como medida de ajuste y hoy (por ayer) confirman la ampliación de la jornada laboral, lo que supone un cambio radical en la administración". Durante la asamblea, Manuel Pastrana aseguró que "de aquí a final de año los salarios se van a reducir de un 20% a un 30%, no solo en las administraciones sino en general", y aseguró que "ése es el objetivo último de la reforma laboral; reducir los costes del trabajo".
Llamamiento a la huelga. A su juicio, el objetivo final de dicha reforma es "convertir los servicios que necesitan los ciudadanos en un negocio", algo para lo que, según lamentó "durante años se ha demonizado a la administración pública para llegar a esto, que la salud, la educación y los servicios que se prestan a los ciudadanos se mercantilicen".
En cuanto al nivel de empleo y de servicios públicos, Manuel Pastrana dijo que se va a producir un retroceso "que nos llevará a principios del siglo XX". "Lo que menos se va a perder con la reforma laboral son los 80 euros del día de la huelga, porque a partir de ahí, lo puedes perder todo", arengó a los trabajadores de la Diputación.
También el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, les animó a asistir a la convocatoria de los sindicatos. "Aquí no van a echar a nadie porque el día 29 vaya a la huelga, aunque sé que la gente tiene mucho miedo", afirmó Tirado, pero apuntó que "nadie debe pensar que va a ser inmortal porque no vaya a ir el día 29 a la huelga".
