El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, durante su intervención en la primera sesión plenaria del Parlamento tras las vacaciones. / El Correo «Enorme satisfacción» tras la elevación de parte de la causa de los ERE al Tribunal Supremo. Así dijo sentirse ayer la Junta de Andalucía en la que era la primera sesión plenaria del Parlamento andaluz tras el período vacacional y en una acción que, según el Gobierno andaluz, «pone fin a la situación de indefensión jurídica y política» en la que se encontraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer en su comparecencia en el Parlamento autonómico para valorar la elevación de esta parte del caso al Supremo el pasado agosto que con ella se les permitirá «salir de ese inédito limbo jurídico en el que se han encontrado estas personas, indefensas desde hace tanto tiempo». Además de Chaves y Griñán, que figuran como «preimputados» desde septiembre del 2013, también se implicaba a cinco exconsejeros de la Junta: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo, mientras que en el auto de elevación también se señaló a Mar Moreno y Gaspar Zarrías. Sánchez Maldonado pidió ante los diputados que no se eleven a definitivos «actos de trámite» y que no se dicten sentencias «donde la justicia todavía no lo ha dictado», a la vez que recordó que en estas resoluciones judiciales no se dice que ninguna de estas personas se hayan podido llevar dinero de los fondos públicos para su lucro personal ni que hayan defraudado la totalidad de las partidas. También aseguró que el Gobierno andaluz mantendrá la colaboración «más estrecha con la justicia». El consejero, que recordó que en el Parlamento ya se han sustanciado más de 650 iniciativas sobre los ERE, incidió que el proceso «dista mucho de estar concluido» y que «nadie ha dicho que alguno de estos altos cargos se haya enriquecido, algo que tampoco hace la juez». La elevación por parte de la jueza Mercedes Alaya sí supone un «avance muy importante» ya que «después de un año desde la anunciada preimputación» se permitirá al órgano competente «pronunciarse sobre los hechos y determinar si tienen o no trascendencia penal». Además, Sánchez Maldonado lamentó que «el ataque político» a la Junta «se está intentando llevar por delante el honor y la fama de muchas personas que no han tenido otra culpa que poner su trabajo y dedicación al servicio de los andaluces». Sin embargo, la oposición comenzó su intervención en el pleno parlamentario criticando la ausencia de la presidenta, Susana Díaz, de viaje oficial a Marruecos de la misma. Así, la diputada del PP Dolores López dijo que «ha decidido autoexonerarse de su deber de dar explicaciones políticas sobre la corrupción». «Nadie puede huir de su propia sombra, y la sombra de Díaz se llama corrupción, que la perseguirá allá donde esté, en Cataluña, Ferraz o, como hoy, en los palacios de Rabat», dijo López, que añadió que la presidenta andaluza ha pasado «de implacable contra la corrupción a impecable silencio». También pidió al consejero que diga «qué tiene que ocurrir para que el Gobierno diga la verdad, colabore con la Justicia y pida perdón a los andaluces, que quieren que se aclaren las responsabilidades políticas y se recuperen los millones de euros públicos que se han defraudado» y a los que calificó como «los únicos indefensos». La portavoz adjunta de IU, Alba Doblas, aludió a la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE en la que PSOE y PP «no permitieron que se determinaran responsabilidades, por miedo a la transparencia unos y por tener mucho que callar otros», y preguntó a ambos si «de verdad no podían votar» sus conclusiones. Doblas preguntó al PSOE si pensó «que la tesis de los cuatro golfos prosperaría en la Justicia» o si estaban pensando en «enmarañar todo lo posible y luego señalar a Alaya como una pérfida e insidiosa jueza estrella».