Andalucía es la primera comunidad en recurrir ante el Tribunal Constitucional la polémica reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. La Junta autorizó ayer la interposición del recurso que se sumará al que impulsará el Parlamento, algo que se decidirá hoy en un pleno extraordinario contra una ley que, a su juicio, vacía de competencias a los ayuntamientos y supone una vuelta al periodo «preconstitucional». El Ejecutivo andaluz pedirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una reunión para que acepte una moratoria de la ley mientras el Alto Tribunal delibera al respecto. La Junta advierte de un impacto económico y social dramático. Calcula que asumir los servicios que prestan los ayuntamientos sin financiación extra le costará unos 600 millones y alerta de un «gran ERE municipal» que pondrá en riesgo 40.000 empleos en Andalucía.
La Junta ha plantado cara desde el principio a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre y que cuenta con el rechazo de prácticamente todos los partidos excepto el PP e, incluso, con los reparos de algunas comunidades y ayuntamientos populares. El Gobierno andaluz considera que la norma es un «ataque frontal» no solo a las competencias de la comunidad sino, sobre todo, a la capacidad de autogobierno de los municipios. El vicepresidente andaluz y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU), criticó en rueda de prensa la pretensión «recentralizadora» de una norma que «persigue un cambio de modelo de Estado» y que abre la puerta a la privatización de los servicios. Valderas explicó las consecuencias de la aplicación de la reforma local. A la Junta le costaría inicialmente unos 600 millones asumir los servicios que prestan los ayuntamientos porque la ley no incluye ningún tipo de financiación extra. De esos, 330 millones equivalen a educación, 162 a políticas sociales y 16 a los consorcios de transporte público. También señaló que de los 40.000 empleos municipales que la Junta estima que se podrían perder, el grueso se concentra en los servicios sociales. De las 32.000 personas empleadas en este sector solo quedarían unas 1.800. Por todo ello, el vicepresidente calificó de «ficticio» el ahorro previsto por el Gobierno central con la aplicación de la ley, unos 8.024 millones. «Son cifras falsas e infladas», dijo Valderas, porque el dinero que dejarán de gastar los municipios se «transfiere» a otras administraciones, básicamente a las comunidades y diputaciones.
intervención. La norma reza que los municipios de menos de 20.000 habitantes (que en Andalucía son 691, el 89,5% del total) podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones. Los que cuentan con menos de 5.000 habitantes (509, el 66% del total) se exponen a la disolución o intervención. La Junta recurrirá concretamente 19 artículos de la ley, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial que fijó la Constitución hace más de 30 años. Para la Junta, la reforma local atenta claramente contra el Estatuto andaluz de 2007 y contra las leyes de autonomía local y financiación. De ahí que vaya a solicitar formalmente una reunión con el ministro Cristóbal Montoro para pedirle «lealtad institucional» y una moratoria en la aplicación de la norma. Valderas afeó la «falta de diálogo» del Gobierno y aseguró que mientras esta ley «nace en soledad, prácticamente muerta», el recurso de Andalucía nace amparado por el rechazo del Parlamento, del Consejo de Concertación Local y de centenares de ayuntamientos que en sus plenos están optando por el recurso.
