La presidenta Susana Díaz lanzó ayer un dardo directo a la red de escuelas privadas concertadas de Andalucía, casi todas en manos de entidades religiosas: la Junta no cederá suelo público para la construcción de colegios concertados, no ampliará conciertos mientras haya aulas públicas disponibles y no devolverá la subvención a los 11 centros escolares andaluces que aún segregan a su alumnado por sexos. Así la presidenta enfría las expectativas que ha generado la recién aprobada LOMCE, que blinda la enseñanza semiprivada sostenida con fondos públicos. El Ejecutivo andaluz tiene intención de recurrir la ley Wert ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, por la vulneración del artículo 21 del Estatuto (que reconoce el derecho a la educación) y por violentar el principio de igualdad de oportunidades. El Parlamento, con el rechazo del PP, ya votó en el pleno anterior una proposición no de ley que instaba a la Junta a analizar la inconstitucionalidad de varios artículos de la LOMCE y a utilizar el margen autonómico para evitar los perjuicios que pueda ocasionar al sistema escolar andaluz.
El contenido del mensaje de Díaz no era nuevo, pero ayer quiso poner mucha insistencia en dejar claro que la Junta no cederá terreno a la concertada. Quizá porque la renovación de los conciertos con criterios más favorables incluido a centros de educación segregada es la primera medida que tendrá efecto en Andalucía, una vez entre en vigor la ley el próximo 3 de enero. Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto o reducido las unidades concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta ley para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, dice la norma. Sobre este punto, el Gobierno central y la Junta hacen lecturas divergentes. El primero sostiene que este artículo obliga a la Consejería de Educación a reabrir el próximo marzo la convocatoria para que los concertados vuelvan a solicitar la renovación de las subvenciones, esta vez, según los nuevos criterios que introduce la ley. La Junta, en cambio, cree que no se puede aplicar la retroactividad. El pasado enero, Andalucía puso el contador a cero y revisó las ayudas de todos los centros concertados andaluces (598). A casi todos se les renovó por otros cuatro años, como establecía la legislación anterior (LOE), antes de que la ley Wert elevara el periodo de vigencia hasta los seis años. También en virtud de la norma anterior se le retiró los conciertos a los 12 centros que son exclusivos de niños o de niñas [luego uno aceptó hacerse mixto].
La Junta actuó con cierta celeridad, antes de que la LOMCE estuviera aprobada. Pero ahora no está claro, en términos legales, si esa premura ha servido de algo o si, como afirma el Ministerio, los concertados que perdieron las ayudas tendrán una segunda oportunidad. Algunas fuentes apuntan a que, para prevenir, Díaz agilizará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Wert para que esté en los tribunales antes de marzo. De ese modo, la Junta podría negarse a revisar los conciertos hasta que el Constitucional no haya dictaminado al respecto. En cualquier caso, el compromiso político de la presidenta es que Andalucía no va a financiar a los centros que segreguen por sexos, recalcó ayer.
Ayuntamientos // La Lomce introduce otra posibilidad que antes no existía: que las administraciones cedan suelo público para construir colegios privados o concertados si la demanda social lo requiere. Hasta ahora el criterio para abrir escuelas, públicas o concertadas, eran las necesidades de escolarización, y es la Junta quien planifica el reparto de alumnos por barrios y decide dónde se precisan más colegios. Díaz aclaró ayer que su posición es contraria a entregar suelo público para uso educativo privado. Un ayuntamiento, por ejemplo el de Sevilla capital, que dirige el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, sí podría hacerlo, pero luego Educación tendría que autorizar la creación de una escuela concertada, y la presidenta no está por la labor. Este derecho que introduce la reforma educativa puede, a juicio de Díaz, desequilibrar el reparto de alumnado con necesidades especiales. El riesgo es que se distribuya la población escolar según criterios socioeconómicos, quedándose los hijos de familias humildes concentrados en las escuelas públicas, y los de capas sociales altas en colegios concertados. En realidad esto ya ocurre en las grandes ciudades, sobre todo en Sevilla, pero se vería amplificado con la nueva ley. En Andalucía el 80% de la red escolar es pública, y el 20% es privada concertada, aunque en Sevilla capital el reparto es casi 50-50%.
Recientemente, el informe PISA, que compara los sistemas educativos de 65 países, revelaba que el 50% de repetidores se concentran en familias de nivel social modesto, y sólo el 11% entre familias adineradas. Andalucía arrastra uno de los porcentajes de repetidores más altos de Europa, del 38%, frente al 34% de la media española.
IU insta a las escuelas andaluza a desobedecer la ley Wert La ley Wert copó ayer gran parte del debate de la sesión de control al Gobierno, en parte porque IU, en su turno, instó a la presidenta Susana Díaz a incumplir abiertamente la legislación. El portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento, José Antonio Castro, hizo un llamamiento a todos los colegios públicos andaluces para declararse insumisos ante la norma. IU plantea la desobediencia civil en todos los centros de Andalucía, dijo Castro, animando a su socio de Gobierno, el PSOE, a respaldar el acto de rebeldía. La federación ha diseñado un manual de desobediencia contra la ley Wert para padres de alumnos y profesores, que empezará a distribuir la próxima semana. Que nos llamen radicales desde la bancada de la derecha nos la trae al pairo, dijo Castro, tras recordar que el Gobierno del PP ha impulsado la Ley de Seguridad Ciudadana, que atenta contra el Estado de Derecho. La presidenta le respondió a Castro que no, que la Junta no se declarará en rebeldía, pero que Andalucía se va a defender de la Lomce en el marco de la ley. Díaz anunció que en esta región las evaluaciones externas serán dirigidas y calificadas por los profesores de la escuela pública.
