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El Gobierno anuncia medidas para la vivienda de 2.300 millones

Pretende reorientar el sector de la construcción hacia el alquiler y la rehabilitación.

el 05 abr 2013 / 15:31 h.

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que las ayudas directas incluidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2013-2016, que contará con una dotación de casi 2.311 millones de euros, permitirán crear 105.000 empleos sin contar con los que se generen de forma indirecta.

ana-pastor-consejo-ministroAsí lo ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que ha detallado además los programas que se incluyen en el decreto que fija este nuevo Plan Estatal. Pastor ha recalcado que el plan supone un "nuevo modelo de política de vivienda", en el que se pretende reorientar el sector de la construcción hacia el alquiler y la rehabilitación, buscando al mismo tiempo "la máxima rentabilidad de los recursos públicos". Así, además de esta generación de empleos, Pastor ha concretado que en el caso del alquiler, se incluirá un programa de ayudas al alquiler que permitirá alcanzar los más de 133.000 beneficiarios, frente a los 80.000 actuales. Estos beneficiarios serán con carácter general personas con un límite de ingresos menor a tres veces el Iprem y una renta de alquiler igual o menor de 600 euros. Las ayudas, a las que tendrán acceso preferente las familias desahuciadas, no superarán los 4.200 euros anuales y se concederán durante un año, prorrogable si se mantienen las condiciones. En virtud del resto de los programas que se incluyen en el Plan, se mantendrá la subsidiación de los préstamos convenidos, se impulsará la creación de un parque público de vivienda protegida en alquiler para familias con rentas de hasta tres veces el Iprem, se impulsarán las intervenciones en edificios para mejorar su conservación y las actuaciones de renovación urbana. Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que se tramitará con carácter de urgencia en el Congreso de los Diputados, y con el que se pretende, entre otras cosas, flexibilizar la normativa sobre generación.

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