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El Gobierno aplaza el recurso al impuesto andaluz a los bancos

El Estado prorroga la negociación con la Junta hasta septiembre antes de recurrir la nueva tasa ante el Tribunal Constitucional.

el 17 abr 2011 / 19:18 h.

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Mar Moreno, junto al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, Zarrías y García Garrido, en una comisión bilateral.

El Gobierno ha prorrogado otros seis meses la negociación con la Junta de Andalucía para resolver las "discrepancias" respecto al nuevo impuesto sobre los bancos y cajas de ahorro, aprobado por el Ejecutivo andaluz en diciembre. La decisión se tomó en la Comisión Bilateral Junta-Estado a principios de marzo y fue comunicada al Tribunal Constitucional (TC), que tendrá que resolver el conflicto competencial si al final los gobiernos central y autonómico no llegan a un acuerdo.

Las negociaciones se iniciaron en enero, una vez aprobada la ley del Presupuesto andaluz que recoge el nuevo impuesto a la banca (afecta a 70 entidades y cajas de ahorro con sucursal en Andalucía). La falta de entendimiento en estos tres primeros meses de diálogo ha hecho que el Gobierno decida apurar el plazo máximo legal de negociación en caso de conflictos competenciales con una comunidad. Si en septiembre, Andalucía y el Estado no han logrado el consenso, el Gobierno recurrirá ante el Constitucional la tasa sobre los depósitos de clientes en entidades de crédito, con el que la Junta esperaba ingresar 132 millones de euros este año.

El pasado 8 de marzo, la subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral Gobierno-Junta designó a un grupo de trabajo encargado de "proponer la solución que proceda" para superar las "discrepancias" en relación con el artículo sexto de la Ley de la Comunidad Autónoma 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que recoge la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios en Andalucía.

Este acuerdo, firmado por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ya ha sido comunicado al TC, lo que amplía de tres a nueve meses el plazo en el que el Gobierno central estaría habilitado para plantear un eventual recurso contra la norma autonómica. El Estado ya recurrió en 2001 la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios en Extremadura, aprobada por el Ejecutivo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aunque entonces el presidente era José María Aznar y el sistema de financiación autonómica no otorgaba tanta capacidad fiscal a las regiones como ahora.

El nuevo impuesto aprobado por la Junta de Andalucía prevé gravar los depósitos bancarios con un 0,3% hasta 150 millones de euros; un 0,4% hasta 600 millones y un 0,5% para más de 600 millones. Los Presupuestos de la comunidad para 2011 prevén recaudar 132 millones por este concepto. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en la comunidad vecina. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, advirtió a su homóloga andaluza de que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos bancarios, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público, informa Europa Press. El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, manifestó a principios de febrero que veía "posible" que la "negociación" sobre el impuesto andaluz a la banca culmine con un acuerdo que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

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