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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Audiovisual

La nueva ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos y de violencia gratuita.

el 16 oct 2009 / 19:30 h.

María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece un marco jurídico básico para el sector audiovisual e incluye algunas novedades como la prohibición de la pornografía, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias.

Según indicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras participar en el Consejo de Ministros, la futura ley era una "asignatura pendiente de la democracia" y su objetivo es establecer unas "reglas de juego" para un sector que ha sido afectado con "virulencia" por la crisis económica, pero que tiene "infinitas posibilidades de futuro".

El proyecto, que transpone la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, ha sufrido varias modificaciones desde que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el pasado 26 de junio para incorporar algunas de las sugerencias del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Así, ante algunas de las críticas de la CNC, se ha subordinado las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, que crea el proyecto, a este órgano. Asimismo, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación se han incorporado observaciones en materia de derechos del menor y de comunicaciones comerciales, y de la CMT algunas concreciones en materia de cómputo de ingresos para la financiación obligatoria de producción europea.

La futura ley, que iniciará ahora el trámite parlamentario, establece la normativa básica para la comunicación audiovisual, las bases para la coordinación y ordenación del mercado audiovisual. Además, regula algunas de las nuevas tecnologías que ya están tomando posiciones en el mercado audiovisual como la TDT de pago, la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad.

Obras europeas. Sobre las obligaciones de emisión, los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo prestador, con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el 50% de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.


Protección de menores.Asimismo, el proyecto de ley permite a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos audiovisuales no se adecúen al ordenamiento constitucional vigente. En este sentido, la ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita. Dichos contenidos sólo podrán emitirse codificados con control parental y en horarios comprendidos entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.

El proyecto también considera ilegal "toda publicidad que no transmita una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres", y garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad a la televisión.

Regulación de las licencias. También como un derecho de los titulares de las licencias regula el acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50% de los canales concedidos a cada licencia garantizando una extensa oferta de televisión en abierto. Además, regula la inclusión de contenidos publicitarios, conforme a los criterios establecidos por la Directiva Comunitaria..

Otro punto polémico en los últimos años en el sector también es tocado por el proyecto: la exclusividad en los derechos de eventos como el fútbol. Así, el texto protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como "derecho prioritario" y fija límites a la exclusividad en función de criterios de interés general.

Un millón de multa por fomentar el odio. Por otro lado, la ley contempla una serie de sanciones que impondrá la autoridad competente a los operadores que no cumplan las reglas del mercado audiovisual. Así, las infracciones muy graves, como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, estarán castigadas con multas de hasta un millón de euros.

 

 

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