El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se traspasa a Andalucía la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que discurre íntegramente por territorio andaluz.
Según ha informado la referencia del Consejo, el traspaso entrará en vigor el 1 de enero de 2009, contempla la asunción por la Junta de Andalucía de 849 empleados públicos y tiene un coste efectivo neto de 70,46 millones de euros.
Este traspaso permitirá, tal y como se recoge en el Estatuto de Andalucía, que la comunidad autónoma gestione las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otras comunidades autónomas.
La cuenca andaluza del Guadalquivir abarca 51.900 kilómetros cuadrados -casi el sesenta por ciento de la superficie de Andalucía- en los que residen más de cuatro millones de habitantes en 398 municipios.
Este traspaso se hace efectivo tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta Gobierno-Junta de Andalucía el pasado 20 de septiembre.
Según este acuerdo, la Comunidad Autónoma asume la concesión, gestión y protección de los recursos hídricos asignados y reservados por la planificación hidrológica, el aprovechamiento del dominio público hidráulico, el registro de aguas y la explotación, conservación y régimen de desembalses, entre otras funciones.
Por su parte, el Estado se reserva la normativa básica, la fijación del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, el seguimiento del Plan Hidrológico de esta Demarcación y la aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado o cuya realización afecte a otra Comunidad Autónoma.
Además, la Administración del Estado seguirá gestionando cuatro de los 57 grandes embalses de regulación de la cuenca del Guadalquivir.
Dos de ellos -Fresneda y Montoro- se encuentran en otras comunidades autónomas y otros dos -Jándula y Pintado- tienen afecciones a otras comunidades, y en este caso el Estado se coordinará con la Junta.
En los 53 restantes, que suponen más del 90 por ciento de la capacidad total de embalse de la cuenca, la Junta explotará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas.
