El Gobierno argumenta su recurso contra la ley antidesahucios en que "pone en peligro la reestructuración financiera"

El Ejecutivo asegura que la norma andaluza impediría "la estabilidad de las entidades de crédito".

el 29 ene 2014 / 11:33 h.

El Gobierno central ha argumentado su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía en el hecho de que esta norma "pone en verdadero  peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y de comenzar la senda de crecimiento económico". En el recurso, consultado por Europa Press, además de desarrollar otros motivos de inconstitucionalidad de la norma andaluza, como la vulneración de competencias estatales, el Gobierno sostiene, en sus  fundamentos de derecho, que "no cabe duda de que las medidas  adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados  comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector  financiero español". Asimismo, alude que de esta manera "lo ha entendido la Comisión  Europea, que a través de la Dirección General de Asuntos Económicos y  Financieros ha remitido al Ministerio de Economía y Competitividad  una carta en la que señala su preocupación por la 'inseguridad' que  generan las medidas andaluzas en el sector inmobiliario e hipotecario  español, con 'un consiguiente incremento en la prima de riesgo y en  la demanda de activos inmobiliarios españoles'". El recurso indica que la carta de la CE agrega que ello provocará  "una reducción en el valor de activos inmobiliarios con las  repercusiones en el balance y en las necesidades de provisión de las  entidades de crédito", lo que afectará al "flujo de crédito a la  economía y habrá de presentar específicos retos para la Sareb, que  tendrá grandes dificultades para llevar a cabo su mandato en materia  de gestión de activos", apunta el Gobierno aludiendo a la carta de la  CE. El recurso indica, sobre el mecanismo expropiatorio previsto en la  ley andaluza, relativo a la expropiación temporal del uso de la  vivienda, que ello "redunda en una absoluta pérdida de valor de la  cartera traspasada a Sareb; ningún inversor comprará carteras de  vivienda en Andalucía cuando una norma con rango de ley permite al  ulterior adquirente permanecer en ella por un plazo de hasta tres  años sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en  inviable la venta del inmueble". Agrega que "además "difícilmente el eventual adquirente podrá  obtener financiación cuando bajo esta normativa la entidad de crédito  se ve expuesta no solo al impago sino también al riesgo de no poder  liberar su balance del activo durante tres años por existir ese  derecho de uso que con toda probabilidad imposibilitaría cualquier  transmisión". También en los fundamentos de derecho, el recurso cita cuatro  informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento  (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España, para  concluir sosteniendo que el MoU "obliga a las autoridades españolas a  consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a  solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no  incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la  consecución de los objetivos del programa". El recurso también expone que de ceder el derecho "a favor de su  función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse  en propiedad pública".

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