La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, preguntó ayer a las personas que se manifestaron el pasado domingo contra la reforma de la ley del aborto por qué no han realizado protestas similares durante los 25 años que lleva vigente la norma actual.
Así respondió ayer la ministra a los periodistas, al término de las reuniones que mantuvo con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y la Sociedad Española de Contracepción, dentro de la ronda de contactos que se inició la semana pasada para analizar la reforma de la ley del aborto.
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó ayer que el Gobierno "no va a dar ni un paso atrás" en la dirección emprendida recientemente para la reforma de la ley del aborto, y defendió que las mujeres menores de 16 años puedan abortar porque "es difícilmente comprensible que sean maduras para formar una familia y no para interrumpir su embarazo".
La ministra de igualdad, tras expresar el "máximo respeto" por las opiniones vertidas sobre el tema del aborto, instó a los organizadores de las marchas a que concreten "qué aspectos no comparten en un anteproyecto de ley que todavía no existe".
A su juicio, los convocantes están instalados en un debate "superado" que tuvo lugar hace casi un cuarto de siglo, cuando se aprobó la actual ley del aborto en 1984. Aído subrayó que existe un "amplio consenso" acerca de que la viabilidad fetal comienza a partir de la semana 22, plazo hasta el que se permitiría abortar en caso de malformaciones, según las recomendaciones del comité de expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad.
En este sentido, explicó que la ley sobre la que trabaja el Gobierno propone que hasta esa fecha prevalezca el derecho de las mujeres a decidir y que, a partir de la misma, sea el del no nacido, salvo en aquellos casos en los que no se asegura la supervivencia del feto.
Aído también aseguró que el Ejecutivo comparte la recomendación de que las mujeres que abortan no puedan ser penadas con cárcel. Preguntada por la diferencia de abortar entre la semana 14 o la 15, la ministra aseguró que "la diferencia son siete días", y señaló que el plazo de aborto hasta la semana 14 fijado por los expertos responde a criterios científicos y al análisis pormenorizado de la legislación de los países del entorno.
En los dos encuentros que tuvieron lugar ayer se puso de manifiesto la necesidad de reformar la ley porque la actual "ha quedado vieja y permite arbitrariedades". A este respecto, ACAI defendió ante la ministra el aborto libre hasta la semana 24 de embarazo y la eliminación de cualquier plazo en caso de malformaciones en el feto.
Aído y las clínicas abortistas coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, y que ésta se realice en la red pública. Asimismo, mostraron su acuerdo en aumentar la protección y la seguridad jurídica de las mujeres que deciden abortar.
Por su parte, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, aseguró ayer que ve "otros componentes" en la Marcha por la vida porque, según constató, en las Legislaturas del Partido Popular "se practicaron más de 500.000 abortos legales". La manifestación se celebró el pasado domingo y fue convocada por diversas asociaciones contrarias al aborto.
