Un giro a la política energética. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, confirmó ayer que el Gobierno está estudiando alargar la vida de las centrales nucleares como parte de un acuerdo con los sindicatos y la patronal que afectaría a las reformas laboral y del sistema de pensiones, junto a la política energética.
El periódico La Vanguardia publicó en su edición de ayer que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a revisar su política nuclear con la "condición de que salga adelante el retraso de la edad de jubilación". Hasta ahora el presidente se había mostrado a favor de las energías renovables en detrimento de la nuclear.
Según fuentes gubernamentales, el acuerdo afectaría al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que está estipulado para 2013, aunque Miguel Sebastián rechazó por la mañana en la Cadena SER que la planta de Burgos entrara en el pacto.
Este cambio de postura fue defendido por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien afirmó que el Gobierno cambiaría su posición por alcanzar un acuerdo integral con sindicatos, empresarios y partidos políticos, que supondría, a su juicio, "un enorme vendaval a favor de las velas de la recuperación económica española". "Todo sea por alcanzar un acuerdo", señaló en una entrevista en el canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press. "Si eso implica alguna modificación a lo que el Gobierno había podido hacer, bienvenido sea en virtud del acuerdo", reconoció el ministro, para añadir que si se alcanzara un pacto sociolaboral "no sería rechazable por nadie", incluido el PP. "No creo que haya razón para que nadie se quede fuera", apostilló.
Las centrales nucleares españolas tienen un periodo de vida de 40 años, tras los cuales se puede pedir una renovación ordinaria más, exceptuando a la de Garoña que ya la agotó en 2011 cuando debía haber cerrado. No será hasta 2021 cuando el proceso extraordinario propuesto por los sindicatos entraría en vigor. Dicha dilatación en la fecha de cierre tiene como fin mantener puestos de trabajo, que en el caso de Garoña son unos 600 directos y 400 indirectos.
La necesidad de alargar la vida de las centrales cuenta con un amplio apoyo dentro del Parlamento, además permitiría a PSOE y PP retomar el diálogo sobre el pacto energético, tema que había quedado bloqueado.
En España funcionan actualmente ocho centrales nucleares: una situada en Garoña (Burgos), dos en Ascó (Tarragona), una en Cofrentes (Valencia), otra en Vandellós (Tarragona) y la última en Trillo (Guadalajara), siendo la Cofrentes la más longeva, que cesaría su actividad en 2034, pudiendo todavía pedir una prórroga si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) da su visto bueno.
La medida lanzada por los sindicatos fue rechazada por las asociaciones ecologistas.
Así, Greenpeace lamentó que el asunto se haya tomado "a puerta cerrada". Además, la directora ejecutiva de la organización, Miren Gutiérrez, se cuestionó "cómo piensa Zapatero crear ese millón de empleos verdes que anunció en la Cumbre del G-20 en Seúl si decide apoyar la energía nuclear y el carbón, y mientras tanto destruir el sector de las energías renovables". También el promotor de Equo, Juan López de Uralde, afirmó que "ante la crisis económica no todo vale".
