La ministra de Vivienda, Carme Chachón, anunció ayer que el Gobierno va a hacer todo lo posible para, con la ayuda de los ayuntamientos, atajar el problema del mobbing inmobiliario. Todas las víctimas de este tipo de acoso recibirán asistencia social gratuita.
Uno de los principales objetivos del Ministerio de Vivienda es impulsar la rehabilitación de viviendas, un tipo de actuación en la que, en ocasiones, el promotor se encuentra con personas que no quieren abandonar el edificio. En este punto, se producen los casos de acoso a través de diferentes presiones, como los cortes de suministros de luz o de gas. La ministra de Vivienda señaló que, aunque es "muy minoritaria", esta práctica de acoso daña "en demasiados casos", no sólo a personas mayores o con pocos recursos, sino también a la reputación del sector.
El presidente de la patronal de promotores APCE, Guillermo Chicote, propuso como solución recuperar el denominado expediente gubernativo, originario del régimen franquista. Según este procedimiento, el promotor debe solicitar una acción de desalojo o rehabilitación cuya necesidad ha de ser probada. La Delegación del Gobierno se encarga de verificar esta solicitud y de permitir el desalojo. Antes de iniciarse, se ofrece un nuevo alojamiento a los ocupantes del edificio con cargo a la empresa que va a realizar la obra y, una vez finalizada, se restituye la vivienda a los desalojados. Según Guillermo Chicote, esta propuesta, que APCE ya presentó a la anterior ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se aplica en algunas regiones, por lo que se puede constatar su efectividad.
El consejo.
Los expertos proponen algunas medidas que pueden ayudar a reaccionar ante la coacción y el acoso. En primer lugar, los arrendatarios deben tener en cuenta que no tienen que firmar nada sin asesoramiento legal. Además, se les aconseja que exijan siempre un recibo del pago de la renta a su casero.
Por otra parte, si el propietario no realiza las obras de mantenimiento necesarias, el inqulino debe exigir su realización por buro fax certificado. Encontrará asesoramiento en asociaciones de inquilinos y de consumidores. Asimismo, puede solicitarse una inspección en los servicios de urbanismo del ayuntamiento correspondiente ante problemas de insalubridad o deterioro relevante. La autoridad puede, en tales casos, imponer la realización de las obras al propietario. Ante amenazas, insultos, cambios de cerraduras u otros métodos de abuso, el inquilino debe acudir directamente a la Policía y a un abogado para denunciar.
Por otro lado, si se sospecha de la venta del piso, es conveniente consultar en el Registro de la Propiedad la titularidad del inmueble. Si el propietario ha cambiado sin notificación, el arrendatario puede ejercer el derecho a compra preferente.
