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El Gobierno cambiará la ley para mantener las ayudas a los colegios no mixtos

el 23 ago 2012 / 10:23 h.

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El Gobierno central no parece muy partidario de acatar sin más la sentencia del Tribunal Supremo que respalda la intención de la Junta de Andalucía de retirar las ayudas públicas a los colegios o institutos que ofrecen una educación diferenciada por sexos, refiriéndose en concreto al caso del centro Elcható de Brenes (Sevilla), una escuela de formación profesional femenina vinculada al Opus Dei. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció ayer que está estudiando un "cambio legislativo" que permita "evitar las dudas que puedan existir" respecto a la educación diferenciada por sexo.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el titular de Educación dijo que no es preciso "tocar" la descripción de las causas de discriminación del artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece que en la admisión de alumnos "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición", pero sí "es posible hacer una referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación".

"La sentencia del TS se respeta y se acata en su totalidad, pero otra cosa es que se pueda discutir su fundamentación jurídica e incluso que quizá se pueda hacer una clarificación del marco legislativo en el que se resuelva esta cuestión y dé lugar a resoluciones en otro sentido", aseveró.

Wert defendió que en un contexto en el que predomina de una forma "abrumadora" la coeducación o educación conjunta de ambos sexos, "habría que examinar la educación diferenciada bajo el prisma de la libertad de elección de los padres y de la compatibilidad de ese modelo educativo con los valores constitucionales".

El ministro llegó a decir que este modelo responde a "criterios pedagógicos" y no religiosos o de otro tipo con los que "se puede o no estar de acuerdo". Por ello, insistió en que el dictamen del Tribunal Supremo sobre los conciertos "no pone en cuestión la legitimidad de la educación diferenciada, sino si este modelo debe o no recibir fondos públicos".

También manifestó que si la educación diferenciada "es compatible" con los valores constitucionales y no supone una segregación, "no se debería discriminar y destinar fondos públicos" a los centros que sigan este sistema pedagógico.

Estas declaraciones fueron duramente contestadas desde la Junta de Andalucía. La consejera de Educación, Mar Moreno, manifestó ayer a este periódico que "un cambio legislativo en esta materia es una burla a la sentencia del Supremo". "No se puede legislar para que los amigos del ministro ganen los juicios", añadió.

A su juicio,_"el dinero público es para asegurar la plena igualdad de los niños y las niñas en la escuela". "Si se acepta que una escuela no admita niñas, mañana podrá no admitir a protestantes, a personas de color o a personas con discapacidad", argumenta Moreno, para quien_"la escuela pública debe ser integradora y propiciar la igualdad".

Lo que no entró a valorar la consejera fue si una eventual reforma de la LOE variaría en algo sus planes de retirar los conciertos educativos a los centros que practican la segregación por sexos. Ayer, Moreno reiteró que los servicios jurídicos de la Junta siguen estudiando a fondo la sentencia del Alto Tribunal para dirimir "en pocos días" si puede tener efectos jurídicos este curso 2012-2013 que comienza en septiembre o habría que esperar al siguiente, en el que ya toca además la renovación de estos acuerdos. "Lo que sí está claro es que ya no se renovarán los conciertos a los colegios que no ofrezcan educación mixta en el ejercicio 2013-2014".

En Andalucía, aún hay 12 centros de educación diferenciada -siete en Sevilla- que, según el marco normativo vigente, renovaron sus conciertos con la administración autonómica en 2008 por los cuatro cursos siguientes. Es decir, hasta este 2012-2013 inclusive: Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes y el Molino Azul de Lora del Río, además de tres de Córdoba, uno de Almería y uno de Granada).

Bien diferente es la opinión de otras comunidades. Madrid aseguró ayer que mantendrá estos conciertos, mientras que la Xunta está estudiando la sentencia del Supremo, aunque recuerda que el Tribunal Superior de Justicia gallego (TSXG) avaló en 2011 y 2012 "la legalidad y la renovación de los conciertos educativos" vigentes.

En Navarra los supuestos que recogen el auto no se dan, ya que allí los centros no mixtos admiten a niños y niñas y luego los separan por clases. Por su parte, la Junta de Castilla y León afirma que no hay centros que segreguen en su territorio y que el fallo del TS no se puede generalizar.

 

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