I.C. / J.A.
El Ministerio de Justicia castigó ayer con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado Penal 1 por no encarcelar a Santiago del Valle, el supuesto asesino de la niña Mari Luz. Una sentencia dura en contraste con la del juez, Rafael Tirado, que se limitó a una multa de 1.500 euros.
Juana Gálvez, la secretaria judicial que olvidó encarcelar a Del Valle tras ser condenado por abusar de su propia hija, menor de edad, queda señalada así como la principal responsable del terrible descuido que dejó libre al acusado de la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés en Huelva.
La sanción es bastante dura, y de hecho sobrepasa con mucho la petición de seis meses de suspensión que había propuesto el instructor del expediente, aunque no sorprende porque el Gobierno también apoya un castigo más duro para el juez: el fiscal ha recurrido la multa y pide la suspensión durante tres años.
El ministerio dirigido por Mariano Fernández Bermejo atribuye a la secretaria judicial una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a que la sentencia no se cumpliese. Y justifica la sanción "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".
Según la versión del Ministerio de Justicia, tanto la naturaleza de las penas de prisión impuestas, cuya aplicación se dilató de manera indebida, como la gravedad del delito de abuso sexual contra su propia hija cometido por Del Valle requerían de un "especial celo" en el proceso que debía haberlo llevado a la cárcel.
No obstante, la resolución del instructor destaca que no existió una actuación intencionada de la secretaria, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia en su trabajo.
"La responsabilidad de la secretaria judicial se le exige con independencia de otra u otras que pudieran existir puesto que la supervisión y dirección superior incumbe al juez", añade.
Mucho trabajo. Se argumenta también que no se ha impuesto a la secretaria judicial la sanción en su grado máximo -tres años de suspensión o traslado forzoso a otro municipio- porque sus compañeros defendieron su labor, por la sobrecarga en los juzgados de lo Penal y porque supervisaba también la atención al registro para la protección a las víctimas de violencia de género. Ésta y otras competencias fueron sumadas en los últimos años a estos juzgados sin reforzar las plantillas.
En el caso del juez del Penal 1, Rafael Tirado, cuya actuación fue analizada por el Consejo General del Poder Judicial, sus compañeros se dividieron entre los que consideraban la falta grave o muy grave, y el Pleno optó al final por la sanción menos dura, que se limitó a una multa de 1.500 euros que ha sido recurrida: la Fiscalía porque pide que se eleve a tres años de inhabilitación, y el propio magistrado porque considera que no debe ser castigado.
Para sancionar a la secretaria judicial, sin embargo, el reglamento no prevé las multas: las faltas leves se sancionan con apercibimiento y las graves con suspensión de hasta tres años o el traslado forzoso. El ministerio ha aceptado esta categoría -y no ha elevado la falta a muy grave-, pero ha decidido aplicar la pena tirando al alza. Los criterios que se usan para decidirlo incluyen tanto el daño causado por su olvido como el grado de participación en la falta, y en este caso se la considera la principal responsable directa de que la sentencia que dictó Tirado no se ejecutara.
Culpa de los dos. Es decir, que dado el reparto de tareas propio del juzgado, Tirado es el máximo responsable de la desatención general y de la falta de una mecánica de trabajo que sufría el Penal 1, y que impedía controlar si las condenas se cumplían; pero la obligación de haber ejecutado la sentencia de Santiago del Valle era, directamente, de la secretaria, y de ahí que su sanción sea elevada, resumían ayer fuentes judiciales.
Además del juez -dependiente del Consejo del Poder Judicial- y la secretaria judicial -que depende del Ministerio de Justicia-, en el Penal 1 trabajan ocho funcionarios, cuyo control corresponde a la Junta de Andalucía, que investigó su participación en el asunto y llegó a la conclusión de que ellos no habían cometido ninguna irregularidad, por lo que no hubo castigos.
Aun así, las dos sanciones han afectado de lleno al ánimo de los trabajadores de lo Penal, en el que se teme un éxodo cuando se convoque el concurso de traslados. Los funcionarios están igual de saturados que en otros ámbitos -llevan adelante hasta un 50% más del trabajo recomendado por el Consejo del Poder Judicial- pero trabajan con expedientes más sensible, con delitos tan graves como muertes o abusos a menores, mientras que en otras jurisdicciones lo que se maneja es dinero.
El presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Penal 1 a dos años y nueve meses prisión por haber abusado de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
La aplicación de esta sentencia estuvo paralizada más de dos años, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la pequeña Mari Luz fue asesinada.
En paralelo al expediente al juez Tirado, Justicia abrió otro el 16 de abril contra la secretaria judicial Juana Gálvez, en el que el instructor proponía que fuera apartada seis meses de su función por falta grave. Pero al final la sanción ha sido mayor por las terribles consecuencias de su olvido.
