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El Gobierno ‘castigarᒠa la Junta y los ayuntamientos si no pagan sus deudas

Los proveedores pueden dirigirse a Hacienda, que descontará el dinero a las administraciones morosas

el 03 ene 2013 / 21:08 h.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados.

En pleno debate sobre la reforma local que prepara el Gobierno, y que supondrá suprimir mancomunidades y regular los sueldos de los alcaldes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer otra nueva medida de impacto de su departamento para acabar con los impagos de las administraciones públicas. Será directamente el Ministerio de Hacienda el que atienda a los proveedores que tengan deudas pendientes con un ayuntamiento o una comunidad.

El Gobierno, según anunció ayer Montoro en Sevilla y confirmó su departamento en un comunicado, saldará estas deudas y descontará directamente el dinero de las transferencias estatales que realiza a las administraciones.

"Un proveedor de cualquiera administración se podrá dirigir al Ministerio de Hacienda de forma directa para que éste departamento sea el que arbitre la forma de pago", señaló Montoro al recibir el premio Impulso al Autónomo concedido por la Federación nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Grupo Joly. "Ninguna administración se va a financiar a costa de no pagar a sus proveedores", recalcó Montoro, según informó en un comunicado el Ministerio. El nuevo instrumento estará listo "en pocos meses".

Se actúa por la vía de los hechos para que se cumpla estrictamente la Ley de Morosidad de las administraciones, vigente desde julio de 2010, que fija a partir del 1 de enero de 2013 un plazo máximo de 30 días para el pago a proveedores. Según denuncian reiteradamente desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, ese plazo se alarga hasta los cien días de media, ahogando a autónomos y pequeños empresarios.

El anuncio del Ministerio coincidió ayer con la publicación oficial de los datos de seguimiento de los planes de reequilibrio de las comunidades . Según las cifras en la web oficial de Hacienda y que el Ministerio remitió a la Junta la semana pasada, Andalucía se sitúa entre las siete comunidades en riesgo de incumplir el dato del objetivo de déficit al cerrarse 2012. Los datos se corresponden con los tres primeros trimestres del año. Queda un cuarto que servirá para cerrar las cuentas y que darán el dato definitivo el próximo febrero.

Según el Ministerio, Andalucía incurrió en un superávit del 0,16%, quedando su dato de déficit en el 1,63% (el objetivo es el 1,5%). Sobre la ejecución de su plan de ajustes, Andalucía -a 30 de septiembre- ha ejecutado 1.038 millones, sobre un total previsto de 3.149 millones. Ha ejecutado un 33% de su previsión de recortes. No obstante, el informe del Ministerio sostiene que el mayor peso de las medidas de ahorro previstas en la educación y la sanidad se dejarán notar al finalizar el año.

Otro de los datos más relevantes apunta a los ingresos. Andalucía estimó un incremento de sus ingresos de 862 millones de euros (este dato fue corregido el pasado septiembre, originariamente apuntó a 1.027 millones), sin embargo la Junta ha recaudado 418 millones de euros, la mitad (48%) de lo previsto.

Andalucía se sitúa junto a Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares entre las comunidades que incumplen el déficit. Cataluña está pendiente, según si cumple su previsión de ingresos por ventas de activos. En total, las comunidades -como difundió el Ministerio la pasada semana- redujeron gastos en 7.243 millones. Andalucía está, en términos absolutos, entre las que más han recortado.

El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ofreció ayer en rueda de prensa datos oficiales del Ministerio para denunciar que la Junta de Andalucía ha incumplido sus planes para recortar sus empresas públicas, uno de los puntales del plan de reequilibrio. Según Sanz, en dos años la Junta solo ha suprimido diez entes públicos y preveía eliminar 113. El grado de cumplimiento se situaría en el 2,6%. Siguen existiendo, informó el PP-A, un total de 370 empresas públicas, cuando el plan preveía bajar el número a 267. Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia están en un grado de ejecución de la reducción del sector público del 11,5%, 53,5% y 23,2% respectivamente. La Junta siempre discrepa del inventario de entes públicos del Ministerio porque, según señala, se computan como autonómicos entes locales.

La Consejería de Hacienda siempre asegura que el dato se cumpliría al cierre del año con la eliminación de casi un centenar de Unidades Territoriales de Empleo (UTDLT). Todavía no hay balance oficial del Gobierno andaluz sobre la reordenación de su sector público.

El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, anunció ayer que los ocho alcaldes de las capitales se reunirán con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para trasladarles sus principales problemas. Todos son del Partido Popular. La cumbre de los alcaldes del PP con Montoro se produce días después de que el ministro recibiera a la Junta de Andalucía y se anunciara un plan para salvar de la quiebra a los cuatro ayuntamientos andaluces con mayores dificultades (Jerez, La Línea, Barbate y Los Barrios). Ambas administraciones acordaron poner en marcha una comisión mixta para dar soluciones a otros consistorios.

El PP andaluz apoyó al cien por cien la reforma local puesta en marcha por el Ministerio y que aboga por suprimir mancomunidades y rebajar los salarios de los alcaldes, regulando unos topes máximos según el tamaño de las ciudades. El número dos del PP andaluz apoyó esta reforma, si bien aseguró que hay mancomunidades que funcionan y deberían seguir existiendo. Sanz, que puso el acento en las contradicciones internas en el PSOE respecto a la propuesta del Gobierno, señaló que todas las mancomunidades no se pueden eliminar aunque subrayó que si existen las Diputaciones, “el 90% no tienen sentido ninguno”. Sobre si los alcaldes de las capitales andaluzas, del PP, están dispuestos a bajarse el salario, Sanz dijo rotundo que sí. En 2010, los partidos andaluces ya alcanzaron un pacto en este sentido aunque los regidores de Huelva (67.892 euros) y Málaga (77.673 euros) están entre los mejor pagados del país.

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