Si ayer lo pidió en el Congreso, la próxima semana realizará solicitudes similares en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento. El PP quiere forzar al PSOE a posicionarse en todos los escenarios posibles sobre el proceso de Mercasevilla. Los populares parten de la premisa de que todas las administraciones están implicadas en este caso -el Estado tiene el 49% de Mercasevilla, el Ayuntamiento, el 51%, y la de la Junta provienen las subvenciones cuestionadas por la juez- y de que no han hecho lo suficiente ya que no se han personado en la causa. De momento, siempre se han encontrado con una respuesta negativa con el argumento de que la Junta y el Consistorio ya hicieron lo necesario cuando trasladaron las grabaciones de la supuesta petición de comisiones de los dirigentes de Mercasevilla al grupo La Raza a la Fiscalía de Sevilla.
El diputado Ricardo Tarno fue el encargado de tramitar la pregunta ayer en el Congreso. Quería conocer por qué el Gobierno central no se había personado aún a través de la Abogacía del Estado en el caso Mercasevilla pese a que un 49% de la empresa depende del Gobierno.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue el encargado de responderle: "En casos como la trama Gürtel existe un perjuicio directo y claro para la hacienda pública y por eso se persona la Abogacía del Estado. Pero esto es distinto, porque las empresas públicas tienen personalidad jurídica propia. No cabe la existencia de instrucciones de este ministro ni de ningún miembro del Gobierno para la personación", apuntó Caamaño quien destacó que en caso de que Mercasa solicite la participación de la Abogacía del Estado, "trabajará y prestará su asesoramiento jurídico a solicitud de la empresa y con arreglo al convenio".
Está previsto que la próxima semana le toque el turno al Ayuntamiento y el Parlamento andaluz. En el Pleno del Consistorio se solicitará que PSOE e IU respalden una denuncia contra los ex directivos de Mercasevilla por un delito societario basado en la auditoría de Deloitte; mientras que en la Cámara autonómica se reclamará el ejercicio de acciones judiciales de la Junta
