Las comunidades autónomas se han revelado como el principal dolor de cabeza para el Gobierno a la hora de cumplir con el déficit público marcado desde Europa. No en vano, según los cálculos del Ejecutivo de Rajoy, son culpables de dos terceras partes del desvío de más de dos puntos (del 6% al 8%) al haber gastado 15.000 millones de más. Para enderezarlas, el Gobierno quiere aplicar la mano dura y dar donde más duele, de manera que el Estado pueda congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las regiones que no cumplan con los objetivos de déficit, como parte del régimen de sanciones comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Así lo explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde indicó que primero escuchará las demandas de las regiones. En la tarde de ayer recibió a las comunidades presididas por el PP y escuchó de algunos barones, como el presidente valenciano, Alberto Fabra, la petición de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Montoro trasladará hoy el contenido del encuentro al resto de gobiernos autonómicos, Andalucía entre ellos, para preparar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo martes.
El ministro está dispuesto a atender las demandas de las comunidades, que se quejan de asfixia económica, y no descarta nuevos incentivos, pero recalcó que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit. Aunque precisó que su deseo no es llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, sí que quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.
El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su propósito es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Montoro explicó que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado -comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE- incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit. El Consejo de Política Fiscal también abordará la reducción de entes públicos, para lo que el Gobierno ha encargado un informe para evaluar la situación.
Apoyo de CiU. El Pleno del Congreso convalidó ayer con los votos de PP, CiU y UPN el decreto ley de medidas urgentes - por 15.189 millones- con las que el Ejecutivo de Rajoy prevé reducir con "carácter inmediato" el desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del PIB, ante un déficit público que se situará en el 8% en 2011, 20.000 millones por encima de lo previsto. En contra votaron PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Geroa Bai, con la abstención de Foro Asturias.
La mayoría absoluta del PP ha permitido al Gobierno superar el trámite parlamentario y rechazar que el decreto ley se tramitase como proyecto de ley susceptible de ser modificado por el Parlamento, aunque los populares se vieron reforzados por el apoyo de las formaciones catalana y navarra. CiU justificó su posición por "coherencia, responsabilidad y valentía política", aunque "no comparta" algunas medidas, ante la situación de crisis y para frenar el "ataque de los mercados".
El resto de grupos criticó duramente la norma al considerar que plantea recortes "injustos", "ineficaces" y resultan "contradictorios" con lo que Rajoy presentó durante el Debate de Investidura, en especial en lo referente a la subida de impuestos.
El ministro de Hacienda acusó al anterior Ejecutivo de ocultar una situación que conocía "sobradamente", como demuestra el hecho de que "a los pocos días" de llegar al poder se encontró con un "agujero negro" de más de 20.000 millones de déficit.
