La nueva ley de procedimiento sancionador de seguridad vial permitirá al Gobierno cobrar el 100% de las multad de tráfico que la Guardia Civil imponga a los conductores. Actualmente, en algunos ámbitos el 40% de las sanciones quedaba sin cobrar.
Esto será posible gracias al anteproyecto de ley que aprobó ayer el Gobierno y que remitirá a las Cortes para su aprobación. La otra novedad principal radica en que la nueva norma sólo contempla una única notificación en lugar de tres, y beneficia aquellos infractores que abonen su multa de forma rápida ya que obtendrán un 40% de descuento sobre el global de la sanción.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó el hecho de que las cuantías de las multas vayan a ser "proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor". Así, se fijan en 100 euros para las infracciones leves; 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al "peligro potencial creado". Además, se fija la cuantía de la sanción por exceso de velocidad en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre la velocidad máxima permitida en el lugar de la infracción.
El cuadro de las sanciones se revisa con la nueva norma e incluso se eliminan algunas de las actuales, como la suspensión del permiso de conducción para las graves; sólo se podrá suspender en las muy graves y en dos meses, cuando actualmente es entre uno y tres meses.
Por contra, se incluyen otras, como la suspensión del permiso si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido una infracción, o la prohibición para los extranjeros no residentes en España que cometan infracciones de utilizar el vehículo durante un mes, además de anotar la pérdida de puntos. Los infractores tendrán la posibilidad de concluir el procedimiento sancionador en quince días, mediante el pago voluntario de la sanción con una reducción de un 40% -ahora es de un 30%- y, además, la reducción en ese porcentaje del tiempo de suspensión del permiso. En los supuestos en los que el infractor ni pague ni haga alegaciones o proponga pruebas, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y ejecutiva.
También se revisa el sistema de responsabilidades cuando la infracción se haya detectado a través de un radar sin que se haya detenido al vehículo, lo que obliga a identificar al conductor para iniciar el procedimiento. Actualmente, la identificación del infractor es responsabilidad del titular del vehículo, pero cuando se apruebe la reforma se trasladará esa responsabilidad a la persona que se designe como conductor habitual del mismo, al considerar que está en mejores condiciones para conocer quien conducía.
Por e-mail. La reforma planteada por el Gobierno también abrevia los trámites de las notificaciones y lo hace utilizando de los medios electrónicos. Cuando esté aprobada, la Dirección General de Tráfico asignará obligatoriamente a las empresas o sociedades que sean titulares de un vehículo una dirección de correo electrónico donde se les notificarán las infracciones.
Además, podrán recibir las infracciones por vía telemática todos aquellos particulares que lo soliciten. Según la vicepresidenta De la Vega, el coste estimado de la puesta en marcha de esta ley asciende a 6.000 euros, que asegura que van a ser financiados con cargo a los presupuestos ordinarios de la DGT. Actualmente, Interior considera el actual procesamiento excesivamente largo y poco operativo.
