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El Gobierno creará un censo de posibles niños robados y "no desfallecerá" en intentar resolver este "drama humano"

Los afectados dicen que "una monja" no puede ser la única responsable  de un "desastre nacional" y esperan que las soluciones lleguen  pronto.

el 12 abr 2012 / 15:54 h.

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El Gobierno creará un censo de posibles afectados por el robo de  niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90 y  propondrá a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento  de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la  filiación natural.

Se trata de varios de los compromisos alcanzados este jueves por  los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Sanidad, Ana Mato,  e Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado,  Eduardo Torres-Dulce, durante una reunión mantenida con una decena de  representantes de asociaciones de afectados en el Palacio de  Parcent.

Gallardón ha subrayado la obligación que tienen los poderes  públicos de aportar toda la ayuda que esté "en sus manos" para tratar  de resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido los  afectados y que "provocan un efecto de angustia".  

"El Gobierno no va a desfallecer en ningún caso y va a llegar e  insistir ahí hasta donde se pueda llegar", ha remarcado el titular de  Justicia, antes de anunciar un catálogo de medidas en las que estarán  implicados los tres departamentos ministeriales, la Fiscalía, las  comunidades autónomas y las corporaciones locales.

"COMPARTIMOS EL SENTIMIENTO DE DOLOR"

Durante el encuentro, de más de dos horas de duración, las cinco  asociaciones han planteado las dificultades que han encontrado hasta  la fecha y su aspiración de encontrar a sus familiares y esclarecer  un origen e identidad. "Hemos compartido el sentimiento de dolor con  las asociaciones cuando hacían un relato personal de su propia  experiencia", ha añadido Ruiz-Gallardón.

El titular de Justicia ha destacado el derecho fundamental de las  víctimas de conocer su identidad y "desarrollar un proyecto vital con  el entorno de su propia familia". Eso sí, ha apuntado que el camino  será "largo" y "complejo" ya que no existen "fórmulas mágicas" que  resuelvan "de un día para otro" un problema "tan extenso", "que nos  avergüenza".  

Preguntado por un medio extranjero sobre la imagen de España ante  este "drama", Gallardón ha respondido que el país transmite que "no  elude su responsabilidad" ni "esconde hechos" sino que pone a  disposición de las familias todos los medios posibles.

Acompañado de Ana Mato, Jorge Fernández Díaz y Eduardo  Torres-Dulce, el ministro de Justicia ha indicado que Sanidad actuará  como "interlocutor" en la materia vinculada a los archivos sanitarios  dentro de los límites legales y en cumplimiento con la Ley de  Protección de Datos.  

El censo completo de posibles afectados permitirá concretar "la  dimensión real del problema". Para ello, se facilitará un modelo de  ficha a cada afectado que se incorporará a un archivo en el que se  incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento o parto, así  como en qué fecha y centro sanitario tuvo lugar. Incluso si sobrevive  o no la persona que hasta ahora se considera progenitora y los datos  que se dispongan de ella.

En esas fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al  Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, y  así proceder a su cruce con los que constan en la historia clínica o  en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Con  este objetivo, Sanidad instará la colaboración de los Servicios  Autonómicos de Salud y de los centros que dependan de ellos.

IMPLICACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL

El Registro Civil facilitará el acceso a los datos de nacimientos  y posibles fallecimientos de recién nacidos anotados durante los  últimos 50 años. Por su parte, el Ministerio de Interior ha propuesto  que el comisario general de Policía Judicial forme parte de este  grupo de trabajo.  

Además, se diseñará un catálogo de servicios que prestará el  Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para cotejar  los perfiles genéticos e incorporar los datos de los laboratorios  privados, "previa valoración técnica". "Es la primera vez en la  historia que el Instituto dejará de estar al servicio exclusivo de  jueces y fiscales", ha agregado.

"Ante la imposibilidad de crear oficinas de atención a las  víctimas especializadas en esta materia", se impulsará su atención y  se reforzarán sus servicios en las que ya existen, tanto las que  dependen del Estado como de las comunidades autónomas.  

Por otro lado, el Gobierno introducirá en la propuesta de  Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, ahora en  tramitación, una enmienda dirigida a facilitar el acceso y  tratamiento de los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar  la filiación natural.

LA FISCALÍA FIJARA CRITERIOS SOBRE PRESCRIPCIÓN


El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado  la designación de una representante del Ministerio Público para  coordinar este trabajo y ha manifestado su rotunda disposición a  unificar criterios sobre los posibles delitos, su investigación y  prescripción.

Tras su intervención, se han pronunciado representantes de  asociaciones de niños robados que han agradecido la implicación del  Ejecutivo y han urgido a que las soluciones "no tarden mucho en  llegar porque hay padres y madres de avanzada edad que tienen el  deseo de encontrar a sus familiares antes de morir".

A su juicio, la vía judicial tiene que "seguir adelante" ante las  1.800 denuncias presentadas en los juzgados y las cerca de 300  diligencias previas abiertas en los tribunales. Sobre la imputación  de Sor María G.V., han resaltado que "una monja no puede ser la  causante de este desastre a nivel nacional" y han reclamado que los  fiscales y los jueces tomen "cartas en el asunto" para esclarecer  todas las responsabilidades.

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