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El Gobierno cree que no bastan 20 años para calcular la pensión

Zapatero mantendrá la jubilación a los 67 años pero con «flexibilidad razonable»

el 17 dic 2010 / 12:56 h.

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Zapatero en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo ayer en Bruselas.

Aunque el Gobierno no para de insistir en que buscará el máximo consenso con el resto de los partidos y con los agentes sociales en lo que se refiere a la reforma del sistema de pensiones, lo cierto es que tiene muy claro sus objetivos y no va a renunciar a ellos. Ayer, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió desde Bruselas en que hay que subir la edad de jubilación a los 67 años aunque no haya acuerdo, eso sí, "con flexibilidad razonable". Mientras tanto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, apostilló en Madrid que aumentar el periodo de cálculo de las pensiones de los 15 años actuales hasta los 20 en época de crisis supondría un ahorro prácticamente "inexistente".

El alza del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones es una de las recomendaciones acordadas por la mayoría de los partidos que forman la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (PSOE, PP y CiU), pese a que no han fijado un número concreto de años, que dejan en manos de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.

Según Granado, el Ejecutivo aún no tiene nada decidido al respecto, pero especificó que aumentar el cálculo a 20 años no tendría efecto a corto plazo y sólo acarrearía un ahorro de alrededor del 3% a medio plazo.

El secretario de Estado afirmó que en Europa no se entiende la discusión que existe en España sobre este asunto, ya que, según dijo, es el país de la UE con el periodo de cálculo más reducido.

Granado consideró que mientras que en España se discute si hay que extender o no este asunto, el resto de los países europeos ya ha optado por tener en cuenta los últimos 25 años de cotización o toda la vida laboral.

En su opinión, aumentar el periodo de cálculo es un incentivo a que se cotice más y con mejores bases.

En cuanto a ampliar de los 35 años actuales a 40 años el tiempo establecido para cobrar el cien por cien de la pensión, Granado consideró que no supondría mucho ahorro porque hay un porcentaje importante de trabajadores que se jubilan con carreras de cotización muy largas.

Una de las medidas que más polémica suscita es el alargamiento de la edad legal de jubilación y, de hecho, la comisión del Pacto de Toledo ha plasmado sus discrepancias en el informe de recomendaciones.

A este asunto se refirió ayer el presidente del Gobierno al asegurar que el Ejecutivo mantendrá su propuesta de aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque precisó que se incorporarán "factores de flexibilidad razonables".

Pese a que el jueves no hubo acuerdo en el Pacto de Toledo sobre esta cuestión, Zapatero aseguró que mantendrá esa decisión porque la considera necesaria, aunque antes quiere hablar con todos los partidos políticos.

Ante esas conversaciones, precisó que la propuesta de aumentar a 67 años el fin de la vida laboral contará con "factores de estabilidad razonables". Unos factores que son consecuencia de que no todos los trabajadores están en la misma situación, porque han trabajado distintos periodos de tiempo y han realizado labores diferentes.

"Tenemos que hacer cambios y hemos de prolongar el tiempo de estancia en la vida laboral", insistió el presidente antes de recordar que, en España, la jubilación media se sitúa en los 62,6 años y considerar que ese hecho "no es sostenible".
Además, calificó de sensato el plan que ya aplican países como Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia o Dinamarca.

Zapatero subrayó que, tras el informe del Pacto de Toledo, es el Gobierno el que tiene que asumir la responsabilidad de la reforma de las pensiones y que, de acuerdo con lo previsto, se aprobará el próximo 28 de enero.

Y afirmó que lo va a hacer "con todas las consecuencias. El Gobierno -añadió- va a presentar la propuesta de reforma del sistema de pensiones que necesita España, que necesitan los trabajadores y todos los ciudadanos que deseen tener un horizonte de confianza y seguridad sobre su pensión".

Tras recordar que hay países que ya han acometido esa reforma, explicó que en España las dificultades en la Seguridad Social pueden llegar dentro de 15 o 20 años, pero que, para evitarlo, hay que tomar ahora las medidas.

Recalcó que, pese a que dejar que las decisiones se tomen dentro de unos años podría ser la postura más cómoda para el actual Gobierno, está decidido a adoptarlas ya. "Hagamos ahora las cosas", animó antes de recordar que Alemania afrontó al principio de la pasada década una agenda de reformas que ahora está dando sus frutos.

Merkel, «impresionada» por las medidas de España

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó ayer que está "impresionada" por las medidas económicas adoptadas por España y Portugal en los últimos meses y recalcó que 2011 debe ser un año de reformas en el seno de la Unión Europea. Los jefes de Gobierno de España y Portugal, José Luis Rodríguez Zapatero y José Sócrates respectivamente, expusieron en la primera jornada de la cumbre las medidas que sus Ejecutivos han puesto en marcha para reducir sus déficit públicos. Merkel instó a todos los socios comunitarios a no dormirse en los laureles, ya que 2011 "será un año de reformas para los Estados miembros" con el objetivo de aumentar la competitividad.

CCOO: «La huelga general está en manos del Ejecutivo»

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, avisó ayer al Gobierno de que en su mano está impedir una nueva huelga general, ya que es "fácil" conseguir un acuerdo para reformar la Seguridad Social sin retrasar la edad de jubilación a los 67 años, una propuesta que calificó de "indecente". "En España habrá movilizaciones crecientes en las próximas semanas, no sé si como huelga general, tal vez sí, porque el Gobierno quiere abordar la reforma con precipitación", aseguró el sindicalista.

Por su lado, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, dijo que las afirmaciones de Rodríguez Zapatero sobre la edad de jubilación suponen una "declaración de guerra" a la ciudadanía.

 

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