R. Velis / N. Jiménez
Después de que los chabolistas llegaran a un acuerdo para permanecer en el poblado y no volver a las Tres Mil hasta septiembre, el Gobierno aparece en escena con una orden de desalojo que las familias deben cumplir en ocho días. El Ministerio de Economía dice que el suelo es suyo y que allí no pueden permanecer.
Cuando parecía que se había logrado una solución transitoria de manera que los chabolistas de las Tres Mil no volverían a sus viviendas hasta septiembre, ayer la tensión volvió al asentamiento próximo a Tablada. Varios furgones policiales se presentaron allí para notificar a las 110 familias, que llevan ya casi tres meses fuera de sus casas desde que se produjo un tiroteo que acabó con la vida de un joven de 17 años, que tienen que abandonar el solar en ocho días o serán desalojados.
El terreno en el que ellos han levantado las chabolas es propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda que ayer, mediante una notificación, les trasladó que no pueden permanecer en este solar. De momento, les ha dado a las familias cuatro días para que expliquen por qué están allí, según explicó Ángel, un portavoz de los chabolistas, y fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno. Luego sólo tendrán ocho días para dejar el solar, por lo que no saben dónde van a ir porque a las Tres Mil no pueden volver.
De momento, las familias afectadas no van a tomar ninguna decisión ni, en principio, piensan hacer ningún tipo de acción a la espera de una reunión que el lunes mantendrán con el primer teniente de alcalde y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que acudirá al asentamiento. "Después no sabemos si nos iremos a dormir a la puerta del Ayuntamiento porque ya estamos desesperados y no sabemos qué van a hacer", aseguró Ángel.
También el lunes, la Asociación de Mujeres Progresistas tiene previsto convocar una rueda de prensa para informar sobre la situación de los chabolistas y la orden de desalojo que ahora pesa sobre ellos. La entidad tiene previsto leer un comunicado de apoyo, con el que quieren denunciar la "lamentable situación" en la que se encuentran estas familias y la "falta de compromiso" de las administraciones, según señaló ayer una de sus portavoces. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, también ha sido informado de la decisión del Ministerio de Economía.
El acuerdo alcanzado el pasado 15 de junio entre las familias rivales del Polígono Sur se alcanzó después de dos intentos de los chabolistas de volver a sus viviendas. En el segundo de ellos, la tensión se adueñó del barrio, pues la familia del joven fallecido se acercó hasta las viviendas y amenazó de muerte al clan rival. Finalmente, fue la "ley gitana", la que logró poner la paz, que ahora parece de nuevo amenazada, mientras las administraciones continuaban sin llevar a cabo ninguna acción efectiva.
Hasta ahora, sólo les han requerido la documentación para poder acreditar la propiedad de sus pisos, mientras que la Consejería de Educación ha organizado una especie de clases alternativas para los más de 100 niños que han dejado de ir al colegio.
Esta misma semana, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social proponía como solución que las madres y los niños se marcharan a centros de acogida, una opción que rechazaron porque los chabolistas no querían separarse de sus hijos: "O todos o nada".
