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El gobierno de los jueces se recompone

El anuncio del acuerdo de PSOE y PP para la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) merece las bendiciones públicas, aunque sólo sea por que pone punto final a la situación de excepcionalidad en la que vivía este órgano desde hace dos años, fecha en la que se tenían que haber sustituido a sus actuales miembros.

el 15 sep 2009 / 11:26 h.

El anuncio del acuerdo de PSOE y PP para la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) merece las bendiciones públicas, aunque sólo sea por que pone punto final a la situación de excepcionalidad en la que vivía este órgano desde hace dos años, fecha en la que se tenían que haber sustituido a sus actuales miembros. No pudo ser así entonces por las graves divergencias que mostraron socialistas y populares a la hora de acordar una lista de consenso, y eso derivó en una situación atípica: el cuerpo de vocales del CGPJ, nombrados en la etapa de mayoría absoluta del PP y de orientación conservadora, se mantuvo en sus cargos y orientó muchas de sus decisiones en contra de los intereses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la memoria reciente de este órgano destacan, al respecto, los fallos emitidos por el presidente del consejo, Francisco José Hernando, contra algunas de las leyes del ejecutivo socialista o, por ejemplo, contra el estatuto de Cataluña. La renovación acaba con esta interinidad beligerante y tiene otras virtudes: se trata del primer gran acuerdo en asuntos de Estado al que llegan PSOE y PP en la legislatura y constata que los populares, al menos de momento, sí han aparcado la estrategia de crispación y acoso desmedido que marcó el anterior mandato. En cuanto a la trayectoria de los nuevos vocales, sí se advierte una marcada politización de su composición. Tanto PSOE como PP apuestan por ex altos cargos como la antigua secretaria de Estado Margarita Robles, nombrada por el PSOE, y por magistrados a los que precede la fama de algunos de sus fallos judiciales, como Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico del 11-M y elegida por el PP. Los vocales tienen su ideología, pero eso no implica que tengan que convertirse en correas de transmisión de los partidos, una situación que no haría más que restar credibililidad al gobierno de los jueces. En sus manos está que no ocurra.

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