El Gobierno salió ayer en tromba a defender a los fiscales y jueces españoles y, especialmente, los del caso Gürtel de lo que consideran una clara estrategia del PP por desprestigiarlos: el jueves diferentes dirigentes populares acusaron al magistrado Baltasar Garzón de ocultar pruebas a favor de Francisco Camps, involucrado presuntamente en varios delitos en esta trama corrupta.
Y además los populares interpusieron un nuevo recurso en un intento de paralizar la llegada del caso a Valencia tras la inhibición del Tribunal Superior de Madrid.
El primero en responder al PP fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien amparó el trabajo "profesional y objetivo" de los jueces y fiscales ante las denuncias del PP sobre la supuesta ocultación de pruebas exculpa- torias para el presidente valencia- no. Caamaño, que presidió ayer en Luxemburgo el último consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea del semestre español, señaló que "el PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales" de la Justicia.
Según el ministro, el PP "ya lo hizo con los jueces y ahora lo está haciendo con los fiscales", en referencia a las acciones legales que podría emprender el principal partido de la oposición contra la Fiscalía que investiga el supuesto caso de corrupción que afecta a Camps. El ministro afirmó igualmente que "el tiempo pone a todos en su lugar".
Tras Caamaño fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que el PP quiere anular la supuesta trama del caso Gürtel, en un "intento descarado de salvar lo insalvable". El PP quiere "enmarañar y liarlo todo", hacer "mucho ruido y ocultar asuntos graves", dijo De la Vega en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Las palabras de los miembros del Gobierno tuvieron respuesta en un nuevo recurso. El PP presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el auto en el que el instructor del caso Gürtel, el magistrado de este órgano Antonio Pedreira, se inhibe en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJPV) para que sean investigados en la citada comunidad determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps, entre ellos los de presunto cohecho impropio y delitos electorales. Se trata de un recurso de reforma, es decir, que tendrá que ser resuelto por el propio Pedreira, y subsidiario de apelación, por lo que si el magistrado lo rechaza el asunto deberá ser revisado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJM.
El escrito se fundamenta en la falta de conexidad de las nuevas imputaciones -basadas en diversos informes aportados por Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana-, con la causa que ya se tramita en el TSJPV en relación con los regalos que la empresa Orange Market pudo hacer al propio Camps y otros miembros de su Gobierno. El PP arremete contra la actuación de la Fiscalía y el contenido de sus informes, a los que achaca falta de rigor y objetividad. E incluso denuncia una "postura persecutoria" de las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura hacia Camps.
Mientras tanto, el líder popular, Mariano Rajoy, reiteró ayer su convencimiento en la "inocencia" del presidente Francisco Camps, si bien añadió que esperará "a ver lo que dicen los tribunales".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha recibido del TS la sentencia que ordena reabrir la investigación judicial de la vertiente valenciana del caso Gürtel.
