El Gobierno volvió ayer a lanzar nuevas propuestas para el sector público y un mensaje de austeridad a los mercados. Así, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, indicó que el Ejecutivo está estudiando ligar parte de las retribuciones de los funcionarios a su productividad.
El también ministro de Política Territorial y Administración Pública explicó que su departamento está analizando este tema y añadió que quieren reunirse con los sindicatos para ver posibles fórmulas para aplicarlo.
El vicepresidente tercero del Gobierno se pronunció sobre este asunto en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde fue preguntado por la propuesta del nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada y una retribución variable ligada a la productividad.
"Lo segundo sí, lo primero no. No creo que la administración pública sea una empresa privada ", señaló Chaves, quien afirmó que hay que mejorar la situación de los funcionarios, su formación y prestigio ante la sociedad.
Se mostró además en desacuerdo con que los servicios que puedan prestar las empresas privadas sean mejores que los que dan las públicas y dijo que así lo comprobó él durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, recordó ayer que ya existe un sistema de productividad de los trabajadores de la Función Pública y señaló que lo que estudia el Gobierno es mejorarlo.
"El Gobierno lo que ha dicho es que hay ya un sistema de productividad aplicado al trabajo de los funcionarios y que se está estudiando mejorar", manifestó.
Las reacciones no tardaron en llegar, tanto por parte de la oposición como de los propios funcionarios. De este modo, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que si al Gobierno se le pagara en función de su productividad, tendría que "devolver dinero".
Los sindicatos de la Función Pública se mostraron molestos por el anuncio. A UGT, por ejemplo, le parece que decir esto ahora, después de haber recortado los sueldos de los funcionarios este año y congelarlos en 2011, es una "provocación" por parte del Gobierno que sólo contribuye a confundir al colectivo.
Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Segarra, recordó a Chaves que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ya contemplaba ligar los salarios de los empleados públicos a la productividad. Sin embargo, denunció que esta medida no se ha aplicado porque el Gobierno siempre ha alegado que costaría dinero.
La reforma de las pensiones verá la luz en primavera
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció ayer que entre marzo y abril de 2011 el Gobierno presentará al Parlamento su proyecto de ley para reformar el sistema público de pensiones.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho en varias ocasiones que el proyecto de ley debería estar listo antes de final de año.
Sin embargo, Gómez, tras reunirse en el Congreso de los Diputados con los miembros de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, dijo que se presentará "no más allá del tercer o cuarto mes" de 2011.
Esto no supone "ningún aplazamiento de la reforma", advirtió el ministro del ramo, que añadió que el Gobierno mantiene un "calendario más estricto y más intenso de trabajo para lo que queda de año".
Así, la idea es que a final de año la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo tenga cerradas sus recomendaciones para la reforma de las pensiones, destacó.
Para ello, Gómez acordó con los grupos intensificar los trabajos que están realizando y comparecer en la comisión en los primeros días de diciembre.
Inmediatamente después, en torno a mediados de enero, la intención es discutir esas recomendaciones con los agentes sociales (empresarios y sindicatos) para presentar una nueva propuesta de reforma no más allá de abril de 2011.
En febrero de este año el Ejecutivo presentó su primera propuesta de reforma, en la que su proposición principal es elevar en dos años (de los actuales 65 a 67) la edad legal de jubilación.
Respecto a si el Gobierno podría modificar esa medida para facilitar el acuerdo con los partidos, Gómez dijo que el alargamiento de la edad de jubilación debe estar incluido en las recomendaciones del Pacto de Toledo para afrontar el reto del envejecimiento de la población. Preguntado por si los problemas financieros de Irlanda y Portugal hacen más necesaria esta reforma en España, respondió que "no la hacen ni más ni menos urgente".
Una deuda más cara y vigilancia a las CCAA
El Tesoro Público adjudicó ayer 4.975,16 millones en letras a 12 y 18 meses, ligeramente por debajo del máximo previsto, situado en 5.500 millones, a una rentabilidad muy superior a la última subasta, coincidiendo con la inminencia del rescate a Irlanda y probablemente a Portugal.
En concreto, el Tesoro colocó 3.731,93 millones en letras a 12 meses, con un tipo del 2,45%, frente al 1,859% de la subasta realizada el pasado 19 de octubre. En la misma línea, la emisión de letras a 18 meses se realizó con una rentabilidad del 2,747%, muy por encima del 2,028% ofrecido en la emisión anterior, y se colocaron 1.243,23 millones.
Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, pidió ayer a las comunidades autónomas que hagan públicos cada mes sus datos de ejecución presupuestaria, como hace el Estado, para mejorar la transparencia y eliminar las incertidumbres de los mercados.
Las comunidades ya informan de esos datos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no los hacen públicos. En opinión de Ocaña, será entonces cuando se descubra en líneas generales quiénes cumplen con su objetivo de reducción del déficit, "porque no todas tienen la misma situación". Además, aseguró que las regiones aún tienen margen para reducir su gasto social, al igual que ha hecho el Estado.
