El Gobierno concretó el miércoles la propuesta lanzada hace unos días por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, de comprar suelo a las promotoras e inmobiliarias para construir viviendas de protección oficial (VPO). Será en octubre cuando el Ministerio de Vivienda lance la primera oferta pública, vía concurso, para adquirir suelo a la que destinará 300 millones.
Comprar suelo privado para promover vivienda pública. Fue el anuncio que realizó la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien precisó que la primera oferta se lanzará el próximo mes de octubre por 300 millones de euros -cantidad inicial que podrá ampliarse- por el que se adquirirán terrenos propiedad de empresas promotoras e inmobiliarias que tendrán como destino la construcción de VPO.
La titular de Vivienda negó que esta actuación se lleve a cabo para acudir al rescate de los empresarios del sector en dificultades, sino que -aseguró- se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más social y sostenible, después de haber estado invadido durante una década por especuladores que buscaban enriquecerse gracias a la subida de los precios. Además, tiene carácter "estratégico" para cumplir el compromiso del Gobierno de construir 1,5 millones de VPO en la próxima década.
No obstante, sólo dos días después de la suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, consideró que ahora es un "buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público", como alternativa a la intervención pública en casos como ése.
Corredor explicó durante su intervención en el Foro Cinco Días, que un mes antes, en septiembre, su departamento se reunirá con las comunidades autónomas y las Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios de selección del suelo, cuya adquisición se realizará a través de la entidad pública de suelo Sepes.
Sin embargo, ya adelantó que los suelos que tendrán más opciones de ser adquiridos serán aquéllos susceptibles de una transformación inmediata, así como los que se encuentren en poblaciones donde haya una mayor demanda de viviendas, según los requisitos del Plan de Vivienda y de los registros de demandantes de pisos con protección oficial.
Y sobre el precio a pagar, la ministra precisó que dependerá de la ubicación de los terrenos y de sus características, si bien, puntualizó que siempre estará en función del precio de la VPO.
Esta actuación tendrá un periodo de vigencia de cuatro años y contará con un plazo de tres meses (hasta diciembre) para presentar las ofertas. Una vez que expire este periodo, será Sepes la que dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de manera que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluarlos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos, para realizar estudios de viabilidad.
Y el dinero destinado a estas compras, de 300 millones de euros, es una oferta inicial, de forma que podría ampliarse. Corredor no adelantó más cifras, ya que la cuantía exacta no se decidirá hasta que comprueben la aceptación del concurso, si bien la intención del Ejecutivo es que la iniciativa tenga carácter anual.
Por lo pronto, la inversión media anual que Sepes destina a la adquisición de suelos ronda los 100 millones, una cifra que aumentará hasta alcanzar los 150 millones.
La iniciativa gubernamental fue recibida con cautela por promotoras e inmobiliarias, razón por la que las principales patronales del sector no quisieron pronunciarse. Y es que la ministra no aclaró si sólo comprará suelo ya calificado como urbanizable -activo del que las empresas no querrán desprenderse si no es a un precio atractivo- ni tampoco si los solares se volverán a subastar entre las promotoras dispuestas a construir viviendas protegidas.
