El Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, pero ha avanzado que la respuesta a este drama social ha de ser "nacional".
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida.
Gallardón ha comenzado dejando claro que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la propuesta andaluza y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio", que es en lo que está ahora.
Y ANALIZAR LOS HIPOTÉTICOS EFECTOS "El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos -ha aseverado el ministro--. Y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante".
En todo caso, Gallardón ha recordado que en estos momentos el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.
Según ha defendido, el Ejecutivo "desde luego" cree que la solución que se adopten para hacer frente a esta cuestión deben ser medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos españoles".
TODOS HAN DE TENER LOS MISMOS DERECHOS "No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.
En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le ha preguntado al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía extenderla a todas las comunidades. A este respecto, Gallardón ha respondido en que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos". "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se de a un problema que es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.
ZOIDO AVISA DE LA "INSEGURIDAD JURÍDICA DEL DECRETO LEY" El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha alertado este miércoles sobre la "inseguridad jurídica" del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha reprochado a la Junta su afán por "manipular" y por "ir a buscar un titular" con esta medida que supone "romper con los consensos" desde el principio y hacer "difícil" la resolución de un problema por las "dudas jurídicas" que plantea el nuevo texto del Gobierno autonómico.
En esta línea, ha acusado al PSOE-A de ser "víctima, una vez más, de las presiones de IULV-CA" y ha asegurado que, si la formación de izquierdas no estuviera en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hubiera permitido una normativa autonómica como ésta que "lo único que pretende es buscar un titular" y que no se va a traducir, según ha augurado, "en ninguna medida real para las personas que las necesitan". "Y si no, vengamos aquí dentro de seis, ocho meses o un año y hablemos otra vez de estas medidas que dicen ser innovadoras y revolucionarias y vemos en qué se han traducido", ha propuesto como desafío.
El también alcalde de Sevilla, que ha admitido que no conoce la "letra pequeña" de la nueva normativa autonómica hasta el momento, ha señalado no obstante que el decreto ley de la Junta "copia" las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy sobre los desahucios y que, por tanto, la Administración autonómica no tiene que preocuparse por "garantizar que una persona en situación de emergencia social no pierda su vivienda porque eso ya está garantizado por el Gobierno de la Nación".
Así, y tras recordar que fue con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando Carmen Chacón, entonces ministra de Vivienda, "impulsó la creación de juzgados para los desahucios exprés" y cuando, "siendo (Manuel) Chaves presidente de la Junta, más desahucios se han producido" en el país, Zoido ha insistido en recalcar que "el único Gobierno que ha decidido parar y dar orden de que no se desahucie a nadie por emergencia social" ha sido el de Mariano Rajoy, por lo que no entiende que "ahora todos los movimientos" sean "contra el PP" cuando "esto ya pasaba hace un año".
De ahí que haya apuntado a que existe una "manipulación política" en el tema de los desahucios para "confundir" a los ciudadanos y para evitar que se vea con claridad que el del PP ha sido "el primero y el único Gobierno que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo para familias en situación de vulnerabilidad, el primero que ha paralizado los desahucios y el primero que ha puesto en marcha un fondo social de viviendas".
