El borrador de la Ley de Libertad Religiosa, que maneja el Gobierno para sustituir a la actual normativa de 1980, establece que el Estado sólo podrá organizar funerales civiles y sólo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan, y también prohibirá los símbolos religiosos en todos los edificios públicos.
Estas son algunos de los aspectos que regulará la futura ley, según adelantó ayer domingo el diario El País, y cuyo texto habla primera vez de la "laicidad del Estado español". Esta expresión sirve de título para uno de los capítulos de la futura norma, pero, en su desarrollo, no se define a España como un Estado laico, sino que habla de la "neutralidad" de los diferentes poderes públicos ante las creencias religiosas.
Este texto se conoce tras la reunión que mantuvieron la semana pasada en el Vaticano el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Papa Benedicto XVI. Tras la audiencia, el jefe del Ejecutivo español anunció que el proyecto de la futura ley no se enviará a las Cortes Generales hasta después del próximo verano, en contra de lo previsto, ya que se esperaba para el presente mes de junio. Concretamente, cuatro artículos del borrador del texto responden a las consecuencias de esta laicidad. Además de determinar como civiles los actos oficiales, el texto que está redactando el Gobierno prohíbe también la presencia de símbolos religiosos en todos los colegios, hospitales, ministerios, o ayuntamientos, salvo aquellos edificios que tengan catalogado un valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. Sí podrán exhibirlos sin tener que desobedecer la legislación y de acuerdo con su credo, los centros escolares y sanitarios que sean concertados.
En cuanto a las autoridades, el texto publicado en el citado diario señala que éstas tendrán sus propias limitaciones y que si acuden a actos religiosos, deberán hacerlo también sin que suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación, es decir, que tendrán que acudir a actos de otras confesiones religiosas, además de la católica. Al igual que el nuevo reglamento de honores del Ejército español, aprobado el pasado 19 de mayo, que establece la participación completamente voluntaria de los militares y no tendrán que rendir honores al Santísimo o la Virgen, el borrador de la futura Ley de Libertad Religiosa también regula este principio de voluntariedad para el resto de los funcionarios del Estado.
Con esta norma el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende equiparar las cuatro religiones de notorio arraigo en España -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con musulmanes, protestantes y judíos, que, en 1992 firmaron diversos acuerdos con el Estado español. Además, el borrador de la norma establece las condiciones para que las distintas confesiones alcancen el estatus de notorio arraigo, que hasta ahora lo decidía la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. De esta manera, podrán tener mayor interlocución con el Estado y obtener ventajas fiscales.