Ampliar seis meses el periodo de ayuda de 426 euros a los parados que hayan perdido la prestación o el subsidio por desempleo beneficiará a unas 219.242 personas y su coste estimado es de 420 millones de euros. Las dos fases anteriores de esta ayuda estaba dirigida a todos los menores de 65 años, pero ahora hay restricciones en el tramo de edad entre los 30 y 45 años.
Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que amplió el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi).
Desde agosto del año pasado hasta julio del ejercicio en curso, ha dado cobertura a 615.771 personas -57% hombres, 43% mujeres y el 57% tenía entre 25 y 40 años-.
Del total de los beneficiados, sólo el 30,7% (189.000 personas) encontró trabajo, según señaló el ministro. El 69,3% restante permaneció atado a las listas del desempleo. 426.771 españoles, por tanto, se quedaron sin prestación alguna y sin trabajo.
Corbacho subrayó que la ampliación de esa ayuda se ha aprobado en un momento difícil en el que todas las partidas del presupuesto se han visto recortadas por la crisis económica pero que, aun así, el Gobierno ha entendido que era necesario cumplir con el objetivo de extender la red de protección social a las personas que han quedado desamparadas.
Con lo aprobado ayer, el Gobierno cumple con la propuesta de resolución aprobada en el Congreso en julio, que reclamó la prórroga, aunque restringía a los beneficiarios, ya que en principio la ayuda estaba destinada a todos los parados sin cobertura menores de 65 años que cumplieran determinados requisitos establecidos por la Administración.
Al tramo de edad comprendido entre 30 y 45 años se le impone un requisito: que los solicitantes tengan cargas familiares.
De esta manera, la ampliación afecta exclusivamente a estos colectivos siempre que extingan la prestación o el subsidio de paro entre el 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011 ambos inclusive, y no incluye a los actuales beneficiarios, que dejarán de percibir la prestación cuando transcurran los seis meses fijados.
El titular de Trabajo recordó, en este sentido, que la prestación está ligada al compromiso de participar en itinerarios de inserción y formación porque, según indicó, la intención es mejorar la relación entre las políticas activas y pasivas de empleo.
En este sentido, el Consejo de Ministros decidió que Trabajo elabore un informe en el que se haga un balance detallado del Prodi, así como del resto de las prestaciones y, a tenor de sus conclusiones, el Gobierno decidirá si se vuelve a prorrogar la ayuda.
Corbacho dijo que el futuro no puede pasar solamente por la protección a los desempleados, sino también por las políticas activas, y defendió que se sancione o se prive de prestación a quienes la tengan pero no cumplan la ley y rehúsen hacer cursos o aceptar ofertas de empleo.
En el capítulo de reacciones, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aplaudió la decisión del Gobierno, si bien le recordó que a los parados les viene mejor un empleo, de ahí que pidió al Ejecutivo que dedique sus esfuerzos a crearlo.
También mostraron su satisfacción los sindicatos. Así, UGT consideró que la prórroga era "urgente y necesaria" por los efectos de la crisis, aunque criticó que se haya "restringido" y ya no pueda beneficiar a todos los colectivos, sino, dijo, a un 25% menos, dado que quienes tienen entre 35 y 45 años deben tener cargas familiares para recibir la ayuda "y eso supone una restricción".
