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El Gobierno endurece las penas para terroristas y pederastas

"No habrá ni un resquicio para la impunidad". Ése es el mensaje que el Gobierno quiere dar a los violentos. Y lo ha hecho mediante la aprobación de una reforma del Código Penal que no sólo endurece las penas a terroristas y pederastas, sino que aumenta el control sobre ellos tras cumplir condena.

el 15 sep 2009 / 18:24 h.

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C.W. / Redacción

"No habrá ni un resquicio para la impunidad". Ése es el mensaje que el Gobierno quiere dar a los violentos. Y lo ha hecho mediante la aprobación de una reforma del Código Penal que no sólo endurece las penas a terroristas y pederastas, sino que aumenta el control sobre ellos tras cumplir condena.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995 -año de la última gran reforma, con el Gobierno de Aznar-, que tiene como novedades principales un endurecimiento de penas para terroristas y pederastas así como mayores medidas de control tras su salida de prisión. La reforma establece que los terroristas y pederastas podrán estar controlados a través de distintas medidas hasta 20 años después de cumplir su condena en la cárcel.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentaron esta iniciativa como un mensaje a los violentos de que "no habrá resquicio para la impunidad". "También es un mensaje de tranquilidad y seguridad para los ciudadanos que estarán más protegidos frente a quienes hayan quebrantado la ley tan gravemente, aunque hubieran cumplido la pena principal en su condena", aseveró De la Vega.

Por su parte, Fernández Bermejo, quien recordó que este anteproyecto debe ser aprobado ahora por el Congreso de los Diputados, se refirió, en relación a la respuesta a los delitos de abusos sexuales a menores, a "los acontecimientos que hace unos mese han conmocionado a la opinión pública" en relación al caso Mari Luz, así como "el compromiso del presidente del Gobierno hacia una modificación que regulara con mayor precisión y diera una respuesta más contundente a los hechos de pederastia que preocupan de una manera especial".

La reforma "es un conjunto de medidas que tiene como finalidad una reinserción paulatina en la sociedad. Se trata de que no se produzca el final del periodo de privación y se transforme en libertad plena pero no de cualquier manera cuando existe un mal pronóstico", matizó, en referencia a los 20 años de libertad vigilada.

Otra de las novedades principales de esta reforma del Código Penal, que cuenta con el apoyo del PP, es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona. El anteproyecto establece también medidas encaminadas a garantizar la mayor protección a menores de 13 años. En la actualidad el hecho de que la víctima de un delito sexual no haya cumplido aún los 13 años se tiene en cuenta solamente a efectos de aplicar una agravante bajo la consideración de que se trata de un sujeto "especialmente vulnerable".

Otro aspecto de la reforma del Código Penal es la tipificación de forma autónoma del delito de trata de seres humanos. Este delito podrá ser castigado con penas de entre 5 y 8 años de prisión, que pueden aumentar en caso de verificarse agravantes.

Ante la necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea se crea un nuevo delito de piratería, castigado con penas de entre 10 y 15 años. También se regula por primera vez el delito de cohecho en instituciones privadas, que será castigado con penas de seis a cuatro años.

Respaldo. Pero el Gobierno no está solo en esta nueva iniciativa. La reforma aprobada ayer en Consejo de Ministros fue bien acogida tanto por el principal partido de la oposición, el PP, como por los juristas. Así, las asociaciones de jueces y fiscales coincidieron en que la reforma del Código Penal era necesaria para cubrir las lagunas existentes respecto a delitos de pederastia y terrorismo, aunque pidieron garantías para que no se limiten derechos fundamentales. En este sentido, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpG), opinó que "nuestra sentencia es sí, siempre que se pueda dejar sin efecto [la libertad vigilada] en el momento en que el juez lo decida porque estime que ha desaparecido la necesidad". En cualquier caso, Gimeno defiende que la necesidad de reforma, sobre todo en lo referente a los pederastas, es anterior al caso Mari Luz. "Le hablo desde Barcelona y aquí la Generalitat ya hizo unos estudios sobre cómo se podían abordar los delincuentes sexuales que cuando acaban de cumplir son potencialmente delincuentes otra vez".

El portavoz de JpD opinó, además, que la no prescribilidad de los delitos de terrorismo no debería circunscribirse a este tipo de actos delictivos. "Se entiende más en delitos como genocidio porque los realizan organizaciones que tienen una cierta impunidad y si se les pone plazo cuando cambian las circunstancias políticas y se pueden perseguir ya han prescrito", dijo.

Este experto discrepó de la idea de que la reforma penal es la mayor de la democracia. Alegó que muchas de las modificaciones vienen determinadas por imposiciones europeas. "Creo que esa gran reforma vendrá más por la vía procesal que por la vía penal", concluyó.

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