El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció que el Gobierno está estudiando cómo "aliviar" el problema que supone que algunas administraciones públicas no paguen en un plazo "razonable" a las empresas, una medida que se podría instrumentalizar a través del ICO.
En un curso económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Ocaña destacó que los ayuntamientos siempre han pagado con un retraso superior a 60 días, "que es el límite de la administración central y que sí lo cumple", aunque admitió que "puede que esos plazos se hayan deteriorado algo más" por la coyuntura económica. En cualquier caso, indicó que hay que ser "cuidadoso" con este asunto porque no todos los ayuntamientos "son iguales".
Ocaña subrayó que el Gobierno desconoce a cuánto asciende la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas con las empresas, pero incidió en que la cifra de 30.000 millones de euros, que manejan algunos expertos, es una "pequeña exageración".
A este respecto, indicó que los 8.000 millones destinados a los ayuntamientos en el Fondo Estatal de Inversión Local evitará este problema, ya que el pago del Estado a los consistorios "se hace frente a obra certificada en dos plazos y en el último de ellos para pagar el 30 por ciento final es necesario que se haya pagado a las empresas la primera parte".
