El Gobierno no descarta la posibilidad de acometer una reforma en el Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para permitir que sean intervenidas las comunicaciones de los abogados cuando haya indicios suficientes de su participación o colaboración en un delito. Así se desprende de las declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros y tras conocerse que el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso Gürtel, cree que es posible que, tras la anulación de las escuchas en prisión entre abogados y presos, se logre "el archivo" del proceso, al menos en el caso de su cliente, y, a su juicio, si eso sucede, el culpable sería el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
