El decreto que presentará el Ejecutivo el próximo día 16 si no hay acuerdo entre los agentes sociales puede crear un gran conflicto con los sindicatos.
El Gobierno prevé ampliar la utilización del contrato de fomento del empleo, con una indemnización por despido de 33 días, y contempla además -y ésta es la principal novedad- facilitar los despidos en caso de que la empresa alegue estar atravesando una mala situación económica, supuesto en el que se considerarían procedentes y la indemnización se reduciría a 20 días. Así se recoge en el documento sobre la reforma laboral que proyecta aprobar el Gobierno el próximo día 16 de junio en caso de que los agentes sociales no alcancen antes un acuerdo, según informó ayer RNE.
En virtud de lo que recoge el documento, se reconocería como procedente un despido si la empresa alega estar atravesando una mala situación económica, convirtiendo en ley algunas de las sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia. En estos casos, la indemnización se reduciría de 45 a 20 días.
La redefinición de las causas del despido es una de las demandas de la patronal en la negociación de la reforma laboral. Asimismo, el borrador incluye la propuesta de ampliar el uso del contrato de fomento de empleo, que tiene un coste por despido de 33 días, algo que el Ejecutivo ya había adelantado en su propuesta del 12 de abril. Ambas medidas tratarían de reducir el paro y la temporalidad a la vez que se intentaría acabar con la duplicidad del sistema laboral.
El documento, al que tuvo acceso RNE, contiene también otras medidas ya conocidas, como la posible implantación del modelo alemán de reducción de jornada, que permite que una empresa con problemas pueda reducir las horas de trabajo de los empleados en lugar de recurrir a los despidos.
También hace referencia al modelo austríaco, en virtud del cual las empresas que rebajen su actividad y producción para adaptarse a una caída de la demanda de sus productos, podrán reducir el número de horas de trabajo de sus empleados, en vez de despedirlos. Los trabajadores verán compensado su salario con una prestación que abonará el Estado.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el miércoles que el Consejo de Ministros aprobará la reforma laboral el próximo miércoles 16 de junio haya o no acuerdo con sindicatos y empresarios.
Ese día concluyó sin acuerdo la última reunión, si bien Gobierno e interlocutores sociales se comprometieron a mantener "contactos permanentes" con vistas al próximo encuentro, previsto para el próximo 9 de junio.
En cualquier caso, el Gobierno todavía ve posible el pacto entre los agentes sociales, como aseguró ayer la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien confía en la posibilidad de un acuerdo entre sindicatos y patronal después de los "avances técnicos" que se produjeron el miércoles y que consideró "importantes". Rojo valoró el hecho de que "sigan las conversaciones" aunque no quiso hablar de optimismo, "ya que hay puntos de acuerdo y de desacuerdo", y se limitó a pedir prudencia y a no dar más detalles "en aras de la voluntad de seguir manteniendo conversaciones".
Por parte sindical, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que quiere un acuerdo sobre la reforma laboral que sea "equilibrado, preserve los derechos de los trabajadores y mejore la productividad de las empresas" y que no esté enfocado exclusivamente a contentar a los mercados financieros.
Sobre una posible huelga general, Méndez advirtió de que sólo la convocarán "si el Gobierno la provoca con un decreto que lesione los derechos de los trabajadores".
CCOO reaccionó ayer a estas nuevas noticias, como recoge elmundo.es. Su responsable de Comunicación, Fernando Lezcano, y afirmó de este modo que si se confirma el abaratamiento del despido, como se ha revelado "a través de filtraciones", "se puede decir que habrá huelga general en España".
