El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ayer en Expoliva con el ministro Arias Cañete.
El aviso de Bruselas contra el decreto-ley de vivienda de la Junta de Andalucía, destinado a frenar desahucios y sancionar las viviendas vacías de bancos y promotores, sitúa la norma andaluza en la cuerda floja. La Unión Europea ha remitido una carta al Gobierno español en la que cuestiona esta legislación y advierte de que está en riesgo el rescate financiero a los bancos españoles. Un aviso que fue recibido con mucho escepticismo desde el Gobierno andaluz, que no fue informado oficialmente de esta comunicación. El Ejecutivo central dejó claro que abre la puerta a un recurso ante el Tribunal Constitucional que supondría de inmediato la paralización de la medida antidesahucios que fue aprobada por el Parlamento andaluz esta misma semana. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, puso en duda que Bruselas plantee impugnar el decreto andaluz y añadió que si eso es así: Europa no merece la pena.El socialista arremetió duramente contra la falta de sensibilidad de la UE y lamentó que se pueda llegar a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión.
Desde el Gobierno de la Nación, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Griñán, prudencia en sus declaraciones sobre el requerimiento que la Comisión Europea ha enviado al Ministerio de Economía. No sé si Griñán ha dicho que no existe pero los dirigentes políticos tenemos que ser muy prudentes porque si te lo pueden demostrar con un correo electrónico, uno puede quedar en entredicho, dijo la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría no aclaró si el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la normativa andaluza pero dijo que las dudas de Bruselas sobre que la misma pueda entrar en confrontación con el memorando que España aceptó para el rescate a la banca es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta en el posible proceso judicial de cara a presentar un recurso. Se da la circunstancia de que el PP andaluz había negado categóricamente el mes pasado que el Gobierno se planteara recurrir el decreto andaluz. El Gobierno de Rajoy tiene cosas más importantes que hacer antes de recurrir, sostuvo entonces el secretario general del PP-A, José Luis Sanz.
Saénz de Santamaría explicó ayer que el ministro de Economía, Luis de Guindos, responderá a esa petición de información de Bruselas y, en este punto, criticó las medidas que, como la andaluza, se solapan a otras generales, tienen difícil implementación y presupuesto todavía no claro y, además, presentan problemas en su ejecución y reciben el cuestionamiento de la Comisión Europea por el memorando de entendimiento. La vicepresidenta subrayó que ese memorando es un elemento clave y muy importante y, por lo tanto, a respetar, porque la asistencia financiera que se obtuvo para las entidades bancarias obliga a unos compromisos.
El Gobierno andaluz no se pronunció ayer sobre la posibilidad de un recurso al Constitucional que frene el decreto. La norma está ya en marcha y la semana próxima se agota el plazo para que los bancos entreguen al Ejecutivo autonómico el listado de VPO que tienen en propiedad. En esa misma fecha la Junta tiene previsto aprobar el reglamento de la ley, que permitirá desplegar el cuerpo de inspectores y empezar a multar las viviendas vacías. El Gobierno andaluz no ha aclarado aún cuál es la dotación económica del decreto. Parte del sostén económico para expropiar los pisos provendrá de las sanciones, de hasta 9.000 euros, con las que se podrá multar a los bancos. Aunque el Ejecutivo andaluz defiende que el principal objetivo de esas multas es forzar a bancos y promotores a sacar al alquiler a precios más baratos el stock de viviendas vacías.
El presidente andaluz fue muy contundente y dudó de que el mensaje de Bruselas se haya producido en los términos en los que difundió el Ministerio. No he visto esa carta de Bruselas, donde ayer (por el jueves) fue festivo, y me sorprende que se produzca la misma semana en que se ha dicho que también Bruselas impugnaba lo que había propuesto el PSOE de fondos de liquidez para pymes, por eso primero quiero verla, señaló en la Ser. Agregó que el planteamiento de Bruselas que alertó del daño a la banca no tiene ningún sentido y recordó que los españoles han puesto dinero para pagar las deudas del sector financiero. Esa falta de sensibilidad no la entiendo y si Europa está en eso no merece la pena, subrayó. La medida andaluza ha sido copiada por otras comunidades como Cataluña y Canarias. La consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), se mostró sorprendida por que la Comisión Europea haya callado 20 años que el Estado, según la sentencia de Luxemburgo, incumpla sistemáticamente una directiva que protege a los ciudadanos y, sin embargo, mueva ficha en el mes que lleva en vigor el decreto de vivienda.
