El Gobierno está preocupado por el rechazo social que provocan algunos aspectos de la reforma de la ley del aborto y, por ello, está dispuesto a introducir algún cambio como la recomendación a las menores para que consulten la decisión con sus padres o que vayan acompañadas por un adulto.
La reforma de la ley del aborto es un asunto que ha tensionado también el debate dentro del propio Ejecutivo y del Partido Socialista. Por esta razón, el Gobierno podría introducir algún cambio en la norma.
Según adelantó ayer la Cadena SER, el Gobierno pretende que la nueva ley incluya "una recomendación" dirigida a las menores para que consulten con sus padres su decisión de interrumpir el embarazo.
Para ello, el Ejecutivo estudia dos opciones. Una por escrito, es decir, que se meta en el sobre cerrado que se entregue a la mujer que solicita el aborto. La segunda opción es de forma verbal y que sea el médico el que haga la recomendación a la menor. El Gobierno analiza también el modelo francés, que obliga a la menor a acudir a la interrupción acompañada de un adulto que ella elija. Además, en este país las jóvenes menores de 18 años necesitan la autorización del titular de la patria potestad, de uno de ellos, o debe estar acompañada por un adulto, al igual que en Bulgaria y Dinamarca.
En este sentido se pronunció ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, aunque no requiera su consentimiento.
división social. En cualquier caso, el Gobierno prefiere añadir estas matizaciones en el trámite parlamentario de la ley y no ahora. No se descarta que aplace a agosto la aprobación de la ley en uno de los dos Consejos de Ministros que celebrara ese mes. Lo cierto es que la medida que permite a las jóvenes abortar sin el consentimiento paterno ha suscitado un gran debate tanto en el ámbito político como en el social y ha generado divisiones dentro de partidos y organizaciones.
El Congreso de los Diputados rechazó la iniciativa de UPN en la que se pedía al Gobierno que pospusiera la tramitación de la reforma de la ley del aborto hasta que se alcanzase un "amplio consenso social, político y parlamentario". La moción fue apoyada por el PP, UPN y parte del grupo parlamentario de CiU, mientras que votaron en contra el PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai.
Por su parte, el Consejo Fiscal presentará mañana dos informes distintos sobre la reforma de la ley del aborto que plantea el Gobierno, porque las dos facciones que conforman el organismo no han sido capaces de ponerse de acuerdo a la hora de elaborar el dictamen único que el Ministerio de Justicia había encargado.
En cuanto al debate social originado, tanto la Iglesia como numerosas organizaciones se posicionaron en contra de esta práctica. La Conferencia Episcopal Española (CEE) opinó en numerosas ocasiones en contra de la reforma de la ley del aborto, pero la declaración del pasado jueves va más lejos. La CEE se pronunció oficialmente contra la reforma de la ley del aborto que tramita el Parlamento, y la novedad es que apelaron a los diputados católicos para que voten en contra de la reforma en el Congreso.
