El Gobierno español prepara una reforma legal para que la Iglesia Católica pague los mismos impuestos que cualquier ciudadano por las obras que realice en inmuebles de su propiedad. En la actualidad, debido a un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede firmado en 1979, la Iglesia Católica no paga los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Además, tampoco tiene la obligación de pagar la tasa correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que empezó a ser cobrado después de dicho acuerdo.
Este acuerdo siempre ha sido una de las batallas de Izquierda Unida, que ha calificado el acuerdo como "privilegio injustificado" dado que la Constitución establece que España es un país laico. Así, la coalición de izquierdas solicita que únicamente estén libres de dicho impuesto los edificios destinados al culto, las viviendas de los religiosos o los centros educativos. Willy Meyer, eurodiputado de IU y candidato a la reelección el 7 de junio, ha planteado hasta cinco preguntas sobre este asunto en los tres últimos años.
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer en El Cairo que el Gobierno "no va a modificar" el acuerdo de financiación con la Iglesia Católica, que aprobó a finales de la legislatura pasada y que ya se encuentra en vigor.
En declaraciones a los medios y preguntada sobre la intención del ministerio de Economía y Hacienda, que pretende que los edificios no dedicados al culto paguen impuesto de obras, reiteró que el acuerdo "se va a mantener".
En todo caso, fuentes gubernamentales informaron que el impuesto forma parte de los acuerdos adoptados en la pasada legislatura por la Iglesia y el Gobierno. Este acuerdo suprimió la partida que el Gobierno entregaba a la Iglesia como complemento y la exención del IVA a cambio de elevar del 0,5239 al 0,7% el porcentaje de asignación tributaria.
