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El Gobierno exige la supresión de más de cien empresas públicas

El Ministerio de Hacienda informa a Bruselas de que Andalucía solo ha eliminado 8 entes de los 111 comprometidos.

el 13 may 2012 / 20:46 h.

El recorte de 2.700 millones de euros que la Junta debe realizar en su Presupuesto tiene una pata clave: el sector público empresarial y su personal, incluyendo las retribuciones de sus directivos. De ahí no puede salir el grueso de los ajustes, pero sí un pellizco importante. Hasta 245 millones para el conjunto de las comunidades, más de 40 millones atendiendo al peso del sector empresarial andaluz, según datos del Gobierno central. Y es en este ámbito precisamente donde Izquierda Unida quiere apretar más las tuercas, con la línea roja del empleo público.

El Gobierno andaluz ya puso en marcha un reforma de calado en su sector público la pasada legislatura. Según datos oficiales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se suprimieron 111 entes instrumentales. Pero no son esos en absoluto los datos que maneja el Gobierno central. Alerta de que, a finales de febrero, únicamente se habían suprimido 8 del más del centenar previsto. La Junta alega que hay casi un centenar (95) de Unidades Territoriales de Empleo en proceso de extinción.

Son los datos referidos a Andalucía que aporta en el Plan de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas y que se hizo público los últimos días de marzo. El documento informa de un redimensionamiento del tamaño del sector público. Se alcanzó un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de enero. El Gobierno sostiene que, según la información de las comunidades, se prevé reducir 514 entes públicos, si bien hasta finales de febrero la supresión efectiva fue de 126. El 25%.

Fuentes del Gobierno andaluz defendieron los pasos acometidos en el sector público en una reforma legal aprobada en el Parlamento a finales del pasado año. Los cambios supusieron la creación de 14 macroagencias públicas que integraron más de un centenar de empresas. Fue además el origen de un incendio entre la Junta y su personal funcionario, que denunció que se equipararan en su categoría a personas contratadas "a dedo" en las empresas públicas. La reforma supuso integrar a 18.140 contratados eventuales del sector público junto a 3.129 funcionarios y 1.011 laborales. La guerra culminó en una catarata de recursos ante los tribunales y sentencias contradictorias. Aún está pendiente que la justicia diga si fue o no legal.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, trabaja contrarreloj para detallar los recortes de 2.700 millones de euros en el Presupuesto. Ya ha enviado una propuesta a las distintas consejerías y ha abierto una ronda con los distintos responsables del Gobierno para analizar el margen de ahorro en cada cartera. El grueso de un Presupuesto de 32.020 millones de euros está relacionado con educación (6.297) y sanidad (9.393). Suman el 49%. Sin tocar estas áreas asumir el recorte exigido para no sobrepasar el 1,5% del déficit se antoja imposible.

Los interinos están en la cuerda floja. La subida de las horas de trabajo a los funcionarios y medidas como la subida de la ratio en las aulas (que IU rechaza), afectan al personal eventual. Según los datos que han manejado públicamente desde el Gobierno andaluz, si se aplican a rajatabla las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy saldrían 7.000 sanitarios y 4.800 profesores interinos. La Junta promete no tocar el empleo público, aunque sí abre la puerta a reducir complementos salariales.

El Gobierno andaluz trabaja para detallar al máximo sus recortes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves. El hermetismo sobre los trabajos previos es total. Se prometió máxima transparencia ante estos ajustes pero gana la

Opacidad. Se limitan a señalar que están "trabajando y preparando datos". Ha trascendido que la Junta acometerá una reestructuración administrativa, reduciendo a la mitad delegaciones provinciales y eliminando direcciones generales en los servicios centrales. Pero se desconoce si el Gobierno andaluz va a avanzar más en el desmantelamiento de parte de su sector público empresarial, como exige el Ejecutivo central. La dimensión de este entramado de empresas, sociedades, agencias, fundaciones y consorcios se desconoce con exactitud. También en esto existen profundas discrepancias entre la Junta y el Gobierno. La web de la Consejería de Hacienda presenta un inventario de 123 entes públicos.

El dato se eleva hasta 390 atendiendo a las cifras oficiales del Ministerio. Fuentes del Ejecutivo andaluz alegaron que se imputan a la comunidad entidades con participación autonómica pero que dependen en realidad de los ayuntamientos.

En el Presupuesto en vigor la Junta imputa a su sector público 3.321 millones. Asimismo el Gobierno autonómico limitó en 2010 el sueldo de sus directivos a la nómina del presidente de la Junta (68.981,88 euros anuales). No está claro si hay directivos que sigan sobrepasando ese techo legal. El PP andaluz exigió ayer a la Junta que aclare antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta semana "dónde va a acometer el brutal recorte de 2.700 millones de euros". El portavoz adjunto en el Parlamento, Jaime Raynaud, reclamó un plan "progresivo y escalonado" para pagar la deuda de "1.000 millones" con constructores.

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