El Gobierno expulsó el año pasado a un total de 1.471 inmigrantes que habían sido condenados a penas de prisión por haber cometido algún delito, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.
El Código Penal establece que las penas de los inmigrantes irregulares que hayan sido condenados a menos de seis años de prisión deben ser sustituidas por la expulsión del territorio español, salvo que el juez, "excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España".
Igualmente, los tribunales podrán acordar la expulsión de los inmigrantes que no tengan los papeles en regla y que hayan sido condenados a seis o más años de prisión cuando accedan al tercer grado penitenciario o una vez que hayan cumplido tres cuartas partes de la condena que se les ha impuesto. Del mismo modo, los inmigrantes en situación regular podrán ser expulsados si tienen abierto un proceso judicial o si han sido condenados a penas de prisión, entre otros casos.
