MANUEL R. RICO / A. DELGADO-ROIG
Sanidad autorizará en tres meses la venta de la píldora del día después en las farmacias, sin receta y sin límite de edad. La ministra Trinidad Jiménez anunció ayer la medida y explicó que pretende evitar embarazos no deseados y reducir el número de abortos, que se han duplicado en una década.
"La píldora no es un método anticonceptivo más ni un método abortivo", zanjó la ministra de Sanidad quien avaló el fármaco para "situaciones de emergencia". Trinidad Jiménez aseguró que "esta decisión eliminará lo obstáculos con que se encuentran las mujeres, en particular las más jóvenes, para acceder a algunos métodos anticonceptivos", informó Europa Press. Jiménez compareció junto a la ministra de Igualdad, Bibiana Adío, para anunciar esta medida que ya tienen implantados 15 países europeos y Estados Unidos, según el Ministerio de Sanidad. Algunos de estos países, como Finlandia y Suiza, desde finales de los años 80.
La medida va encaminada a reducir el número de embarazos no deseados y de abortos. En España, estos últimos se han duplicado en la última década. En la comunidad andaluza, según datos de la Consejería de Salud, en 2007 se practicaron 20.358 abortos, un 9,5% que el año anterior y algo más del doble que los registrados en 1999.
La ministra de Sanidad aseguró que "en España hay un problema que hay que abordar con firmeza y es que el país registra elevadísimas tasas de interrupciones del embarazo entre jóvenes y adolescentes", como demuestra el hecho que en 2007 de las 112.000 abortos registrados, "más de 6.000 se dieron en chicas menores de 18 años".
La eficacia de la medida anunciada está avalada con datos. En Francia, la Federación de Planificación Familiar estima que se ha producido un descenso de entre el 20 y el 25% en el número de abortos entre adolescentes debido a la venta de la píldora en las farmacias, sin límite de edad y sin necesidad de receta médica.
En Andalucía, según datos facilitados por la Consejería de Salud, se dispensaron el año pasado 66.777 píldoras del día después, de ellas, 19.946 en Sevilla. El coste de cada píldora oscila entre 18 y 20 euros (será lo que cuesta a partir de ahora en las farmacias) y esto supone un gasto para las arcas públicas de 1,2 millones de euros anuales.
Actualmente, la píldora o bien se dispensa en las urgencias de un hospital o un centro de salud, o bien el médico la receta para que se adquiera en la farmacia. Jiménez insistió en que el Gobierno "no quiere que se convierta en un método anticonceptivo de uso habitual" y argumentó que este hecho no se ha producido en los países que llevan tiempo comercializando el medicamento sin receta. La ministra incidió en que la píldora no es un "método abortivo" porque el fármaco "no es eficaz una vez que existe implantación en el útero".
El anuncio de la medida desató una cascada de reacciones en el sector. Los farmacéuticos aseguraron que cumplirán la ley si bien no descartaron estudiar la objeción de conciencia cuando se den casos particulares. El presidente de Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Manuel Arenas, eludió cualquier tipo de polémica y aseguró que "las normas están para cumplirlas", mientras que su homólogo nacional, Pedro Capilla, anunció la puesta en marcha de un estudio el objetivo del estudio para "averiguar si farmacológicamente puede haber problemas" con la venta sin receta de este medicamento". Capilla añadió, según recoge Efe, que en cuanto a la objeción de conciencia "cuando se dé el caso ya verán que hacen".
La medida cuenta también con avales de especialistas en ginecología, que ratifican la seguridad del medicamento. El presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, Santiago Carrasco, si bien alertó de que la píldora "no es un método anticonceptivo sino un fármaco para casos excepcionales", aseguró que "es un método eficaz y seguro para las pacientes". "Una mujer puede tomar varias a lo largo de su vida, si bien de forma espaciada entre una otra, y no se ha demostrado que esto tenga incidencia en su salud ni en futuros embarazos", afirmó Carrasco, quien cifró en un 98,5% la eficacia del medicamento.
Sin embargo, el secretario general de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Luis Mercé Alberto, calificó de "frívola" la decisión del Gobierno. A su juicio, la generalización de su uso "podría aumentar tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de trasmisión sexual".
