Los ayuntamientos y las diputaciones que tengan superávit y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan autorizados, como es el caso de la Corporación provincial de Sevilla, que cuenta con cerca de 40 millones de euros disponibles del presupuesto de 2012, podrán destinar esos excedentes presupuestarios a inversiones financieras sostenibles, una definición que hasta hace unos días traía de cabeza a los responsables de la Diputación de Sevilla porque desconocían a qué se refería el Gobierno.
Ahora, que poco a poco se están poniendo las cartas boca arriba, los miedos siguen ahí. Lejos de reducirse, se mantienen tras conocer las intenciones del Partido Popular. Y es que el pasado 5 de febrero, el PP registró una enmienda al proyecto de ley de Consumidores y Usuarios para definir finalmente qué es una inversión financiera sostenible, tal y como se establecía en la ley orgánica 9/2013, del 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el sector público, que autorizaba a las entidades locales a invertir su superávit de 2012 en 2014, pero sin aclarar cuál podía ser su destino final.
Pero una vez que el partido del Gobierno ha dado un paso al frente para desvelar en qué pretende que se pueda emplear este dinero extra, en la Diputación de Sevilla han saltado las alarmas, porque de prosperar esta enmienda los grandes perjudicados van a ser los municipios medianos o pequeños, es decir, los de menos de 20.000 habitantes, en los que fundamentalmente centra todos sus esfuerzos la Institución provincial.
El motivo no es otro que para el PP una inversión financiera es sostenible cuando «contribuya al crecimiento económico a largo plazo», considerando «exclusivamente» inversiones que se incluyan en programas de «saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; industrias; energía; comercio; ordenación y promoción turística; promoción, mantenimiento y desarrollo de transporte; infraestructura del transporte; recursos hidráulicos; investigación científica, técnica y aplicada; sociedad de la información y gestión del conocimiento».
Además, se aclara que quedan excluidas tanto inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años los ordenadores están en el límite o casi excluidos, así como las que se refieren a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, «salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte».
Analizando con detenimiento a qué se va a poder destinar el superávit queda patente que muchos de los programas recogidos no los prestan ni los pueblos pequeños ni medianos, es decir, están en manos de mancomunidades o sólo los pueden gestionar las grandes ciudades. Como es el caso del abastecimiento, el transporte público o la investigación científica.
Además, quedan excluidos programas de carácter social como la atención a personas dependientes y el fomento del empleo, así como acciones relativas a la salud, educación como es el mantenimiento de colegios, cultura y deporte.
Asimismo, se marginan competencias que sí son propias de todos los ayuntamientos como es la limpieza viaria, el mantenimiento y gestión de cementerios, ordenación del tráfico y estacionamiento, vivienda, actuaciones en vías públicas y parques y jardines, que además suelen generar muchos puestos de trabajo.
En el caso de la Diputación, de prosperar tal y como está la enmienda, se le impide invertir en un plan de maquinaria y en un plan de carreteras, éste último genera empleo y que además sirve para mejorar las comunicaciones entre municipios y la seguridad vial.
A todo ello se une que todas las inversiones que se realicen tienen que ejecutarse e imputarse en el capítulo VI, es decir, mediante contratos con empresas. A las diputaciones se les abre un poco la mano y se les permite realizarlas también vía capítulo VII, por medio de transferencias de capital, pero eso sí, sólo a los consistorios que sean ricos: los que cumplen el ratio de endeudamiento, que tengan superávit y que tengan remanente de tesorería.
Ante estas limitaciones de lo que a priori el PP considera que es la inversión financiera sostenible, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), entiende que de salir adelante tal y como está planteada la enmienda popular «solo beneficiará a los suyos, a los grandes ayuntamientos, que ya sabemos el color político que tienen en su mayoría».
Asimismo, considera que se favorecerá a las grandes empresas por ser las adjudicatarias de las inversiones, que sí generarán empleo, «pero no podremos acometer planes de empleo público».
Respecto a que las diputaciones puedan hacer transferencias de capital a los ayuntamientos, al poder imputar las inversiones en el capítulo VII, Villalobos recalca que los gastos que prima la enmienda se refieren a servicios mancomunados como agua o basura, y a otros de los que los pequeños y medianos municipios no tienen ninguna competencia.
Asimismo, censura que sólo se permita transferir partidas del superávit a los municipios que cumplan con el pago a proveedores en 30 días, tengan remanente positivo de tesorería y límite de endeudamiento, «porque es destinar nuestro superávit a aquello pueblos que a su vez ya tienen superávit».
Finalmente, espera que el PP recapacite y dé vía verde a una inversión financiera sostenible lógica y de forma rápida para que haya tiempo emplear el superávit.
Foro equivocado. Rodríguez Villalobos además de estar bastante molesto por lo que entiende el PP que es una inversión financiera sostenible, ya que beneficia fundamentalmente en las grandes ciudades y margina a los medianos y pequeños municipios, tampoco le ha gustado demasiado el foro en el que se ha realizado la propuesta. Rodríguez Villalobos recuerda que primero «cuelan en una ley de Deuda Comercial el visto bueno inicial, a expensas de definir lo que era una inversión financiera sostenible. Y ahora, para concretar esta inversión, el PP utiliza la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso. El presidente de la Institución provincial censura que «otra vez modifican asuntos relacionados con las entidades locales en un foro que nada tiene que ver con los ayuntamientos» No obstante, y a pesar de que ve el futuro bastante oscuro por la acotación que se ha planteado para destinar el superávit, espera que la enmienda con la que se pretende definir una inversión financiera sostenible finalmente «abra la mano a más supuestos de aplicación» de este dinero sobrante del presupuesto de 2012.
A pesar de las trabas que, según entiende el presidente de la Corporación provincial, se están poniendo desde Madrid, asegura que el área de Hacienda de la Diputación sigue trabajando para buscar vías de aplicación del superávit y que puedan llegar a los municipios que más lo necesitan en estos momentos de dificultades económicas.
Por ello, mañana, Rodríguez Villalobos y responsables de la Institución provincial mantendrán una reunión con alcaldes de la provincia para abordar este asunto.
