El Gobierno indemnizará a un vecino de Utrera por el colapso del juzgado

Un caso prescribió sin ni siquiera haber sido fijado el juicio.

el 10 ene 2014 / 09:23 h.

Cualquier persona que se asome a los juzgados de Utrera puede comprobar el grave problema que padecen, con un colapso que no tiene visos de encontrar un final. Numerosas instituciones, organismos, profesionales y ciudadanos han puesto el grito en el cielo ante una situación que ahora ha reconocido incluso el Gobierno de España. El Ministerio de Justicia acaba de anunciar que hará frente a una indemnización, que recibirá una persona perteneciente al partido judicial utrerano, cuyo caso prescribió sin que ni siquiera fuera fijado el juicio. El abogado utrerano José Rojas envió un escrito a dicho ministerio en nombre de su representado hace año y medio. En el documento solicitaba la incoación de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración para que sea indemnizado “por la inactividad y anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y, en concreto, del Juzgado de Instrucción número 2 de Utrera”. El atestado policial se produjo en marzo de 2009, incoándose las diligencias previas ese mismo mes. El 30 de septiembre de 2011 el caso se derivó para ser abordado en un juicio de faltas. Tras este proceso, el 16 de mayo de 2012 se dictó un auto que declaró la prescripción de los hechos. El abogado señaló que esto había ocurrido porque ni siquiera el juicio había sido convocado en el plazo de seis meses, desde aquel mes de septiembre, que es el tiempo legalmente establecido para ello. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a raíz de esta queja, ponía de manifiesto en un informe las “carencias de carácter estructural que soporta el órgano judicial”. Dicho órgano señalaba que la “paralización procesal que se ha puesto de relieve excede del plazo razonable, atendida sobre todo la escasa complejidad de las resoluciones dictadas”. Indicando las deficiencias de los juzgados como la causa del retraso, el CGPJ afirmaba que “ello no puede repercutir negativamente sobre el reclamante, pues éste no tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias de tales carencias”. El informe señalaba que en el procedimiento en el que se centra el estudio “se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”. Algo que suscribe ahora el Ministerio de Justicia, por lo que aprueba la concesión de 600 euros de indemnización para el ciudadano afectado. Aunque la cuantía no es elevada, sí demuestra que “no hay Justicia en Utrera, y no es algo que diga yo, sino que lo dicen el Ministerio Público, los colegios profesionales, los justiciables, el Ayuntamiento con todos los grupos políticos y el Defensor del Pueblo, entre otros”, comentó Rojas. Así las cosas, “la democracia en Utrera adolece de una de sus patas fundamentales, como es la Justicia”. Además de a la población utrerana, afecta a Los Palacios y Villafranca, El Coronil y Los Molares, que igualmente forman parte del partido judicial utrerano, lo que supone un problema para 100.000 habitantes. El argumento // Rojas planteó su reclamación ante el Ministerio porque la Constitución recoge, en su artículo 106.2, el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, y contempla de manera específica en el 121 la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Justicia, reconociendo el derecho a la indemnización por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la propia Administración de Justicia, explicó el letrado.

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