La guerra por el control de Caja Madrid llegará al Alto Tribunal. El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la Ley de Cajas promovida por Aguirre. Su admisión a trámite obligaría a dejar en suspenso la norma al menos cinco meses. Miguel Blesa se garantizaría otra vez la presidencia de la entidad y Alberto Ruiz Gallardón no vería mermado su peso en ella.
El Gobierno presentará antes del miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 29 de diciembre, según dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La eventual admisión a trámite del recurso obligará a dejar en suspenso dicha norma durante al menos cinco meses, según fuentes del Alto Tribunal.
De la Vega explicó que el recurso se interpone porque la ley establece fórmulas de ponderación en los órganos de gobierno de Caja Madrid de las corporaciones locales y los impositores "contrarias al criterio de proporcionalidad" que establece la ley de órganos rectores de cajas (Lorca) de 2003.
Por su parte, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se refirió a un informe del Consejo de Estado que "dice de forma tajante y casi textual" que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso, "y a partir de ahí es muy difícil no actuar". Además, consideró "un poco chocante" que, una vez iniciado el proceso electoral en Caja Madrid, se hayan cambiado las normas.
Según la referencia del Consejo de Ministros, la propuesta se ha elaborado tras sendos informes de los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para evitar que se altere la proporción que exige la Lorca sobre la representación de los distintos grupos en la asamblea de la entidad. Dicha norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.
Según el recurso que interpondrá el Gobierno, la Ley de Cajas aprobada por el Ejecutivo madrileño Madrid contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los del resto de las regiones en que la caja de ahorros madrileña tenga oficinas abiertas-. Es la existencia de las dos circunscripciones electorales la que puede, según el Gobierno, alterar la proporción que exige la Lorca.
La ley elaborada por el Ejecutivo regional había sido rechazada ya el pasado lunes, 25 de marzo, por la asamblea general de Caja Madrid.
La comunidad anunció entonces su intención de promulgar los estatutos y el reglamento electoral de Caja Madrid en el plazo de un mes, pues su rechazo por la asamblea de la entidad habría creado una situación de desacato a la ley. Ayer, el portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, dijo que la decisión del Gobierno era una "injerencia inaceptable" y Aguirre indicó que será el Alto Tribunal el que decida si se suspende o no la norma.
El recurso se une a los ya presentados por los ayuntamientos de Madrid y Sevilla.
