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El Gobierno local recurrirá la sentencia de la joyería

La sentencia que condena al Ayuntamiento a indemnizar con 495.206 euros a la Joyería Román por su actuación en el atraco cometido en 2001 puede marcar un punto de inflexión en el trabajo de la Policía Local.

el 14 sep 2009 / 23:23 h.

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J. A.

La sentencia que condena al Ayuntamiento a indemnizar con 495.206 euros a la Joyería Román por su actuación en el atraco cometido en 2001 puede marcar un punto de inflexión en el trabajo de la Policía Local.

Llega en un momento de reestructuración de este Cuerpo para limitar sus competencias en materia de seguridad e implica una condena rotunda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la actuación de los agentes, que "no impidieron -el atraco- como era razonablemente esperar". El equipo de Gobierno se resiste a aceptar esta sanción y ayer la delegada de Convivencia y Seguridad, Nieves Hernández, anunció oficialmente que habrá un recurso ante el Tribunal Supremo.

La edil esgrimió argumentos técnicos que revelan "incongruencias" en el fallo judicial y otros de un carácter más político.

Entre los primeros, destaca que según el Ayuntamiento las horas definidas en la sentencia sobre el robo -a la dos menos cuarto de la madrugada- no encajan en la versión policial que apunta a que estuvieron más tiempo dentro. Además, según la Delegación, sólo asistió un agente y no llegó como respuesta a la alarma.

Hay otros argumentos de un carácter más político. "Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se produjo el atraco. Se trataba de una época con una escasez de agentes de la Policía Nacional en la ciudad", apuntó Hernández, en referencia a una crítica realizada en repetidas ocasiones por el PSOE: la pérdida de más de 200 policías en la ciudad en las legislaturas del PP, con Juan Ignacio Zoido -ahora portavoz de la oposición- como subdelegado del Gobierno.

Queda además pendiente otro extremo. El propio abogado de la joyería, Francisco Román, apuntó tras conocer la sentencia del TSJA a una responsabilidad de la de la empresa responsable de la seguridad privada. Ésta tenía la obligación de llamar a los dueños si detectaba algún problema en las alarmas de seguridad -tenía hasta cinco teléfonos móviles de contacto- y no contaba con la pegatina necesaria con el teléfono de referencia, que requieren los agentes para poder contactar con algún responsable.

Hay otras dudas sobre la versión del fallo judicial. El Sindicato Profesional de la Policía Local asegura que los agentes llamaron por teléfono a la Policía Nacional para comunicar los hechos.

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