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El Gobierno mantendrá la política contra ETA pese a los "avances"

el 24 oct 2010 / 17:36 h.

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La misma política antiterrorista. Los últimos movimientos de la izquierda abertzale no provocarán un cambio en la lucha del Gobierno contra ETA. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Patxi López, coincidieron el sábado en mantener el nivel de exigencia a Batasuna, a pesar de que haya dado pasos "en la buena dirección" para incorporarse a la vía política.

Zapatero y López, junto con los responsables de Interior de sus dos Gobiernos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rodolfo Ares, mantuvieron el sábado una reunión en el Palacio de La Moncloa, después del Comité Federal del PSOE, según adelantó ayer la Cadena SER y confirmaron fuentes del propio Ejecutivo a Efe. El presidente y el lehendakari consideran que si la izquierda abertzale quiere jugar en la política, tiene que desmarcarse claramente de la violencia y de ETA.Ambos coincidieron en la necesidad de mantener la actual política antiterrorista, sin variar absolutamente nada, y en la importancia de sostener el mismo nivel de exigencia a los dirigentes de la ilegalizada Batasuna pese a los "avances". Los dos dirigentes reconocieron que desde el mundo abertzale se han dado pasos "en la buena dirección", pero que, por el momento, "no son suficientes", por lo que se debe mantener "la exigencia hasta el final" de la violencia o el desmarque claro y definitivo de la izquierda abertzale de ETA.Zapatero y López también coincidieron en la necesidad de mantener y fortalecer la "unidad de las fuerzas políticas" a la hora de afrontar la lucha contra la violencia, especialmente con el PP y el PNV.

A este respecto, según las fuentes, el presidente del Gobierno agradeció personalmente -ya lo había hecho por teléfono y en el Comité Federal- al lehendakari su "lealtad, generosidad y altura de miras" por la posición que está manteniendo ante este acuerdo presupuestario. Rodríguez Zapatero insistió en la importancia de la consecución del acuerdo con el PNV, que además de la aprobación de las cuentas del Estado para el próximo año, supone el desarrollo del Estatuto de Gernika, del que hoy se celebra el 31 aniversario. López aseguró que entendía perfectamente la negociación entre el Gobierno, el PSOE y el PNV para lograr la estabilidad, una cuestión básica para España, en general, y para Euskadi, en particular.

En la reunión, al igual que en el Comité Federal del PSOE, ambos analizaron las posibilidades que ofrecen los cambios en el Gobierno. El lehendakari elogió la remodelación y consideró que abre buenas expectativas electorales, aunque subrayó que hay que trabajar duro y no quedarse en el mero cambio. Sobre ETA también habló ayer el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien afirmó que, frente a las acusaciones del PP de que el Gobierno se "arrodillaba" ante ETA, los españoles están ahora "a punto de acabar" con la banda terrorista. "La legislatura pasada recorrieron España de norte a sur, de este a oeste, diciendo que se rompía España y que nos arrodillábamos ante ETA, y hoy España está más unida que siempre y con ETA estamos a punto de acabar", subrayó Blanco, que intervino en un acto de los socialistas en Málaga. Mientras tanto, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, advirtió de que el final de ETA "sólo se puede estropear con intereses electorales o por los que quieren aprovechar el escenario para avanzar hacia sus metas políticas del soberanismo".

Por ello, pidió que "no enreden, no molesten y no estropeen" aquéllos que están pensando "más en votos, en elecciones o en aprovechar el posible final de ETA para alcanzar objetivos políticos". "Deben darse cuenta que no se puede llegar al final del terrorismo si los análisis son avanzar hacia el proyecto independentista, obtener votos o no quedarse al margen de una dinámica política concreta", señaló en declaraciones a Europa Press.

Y en medio de este debate la Audiencia Nacional tiene previsto concluir esta semana el juicio a 20 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, para los que la Fiscalía pide penas de entre 10 y 15 años de cárcel por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos.

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